México tiene la tasa de natalidad más alta en mujeres adolescentes y jóvenes cuya edad oscila entre los 15 y 19 años entre las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y representa que por cada mil nacimientos 64.2 corresponden a este sector poblacional de nuestro país, apuntó la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica Peña.
Acorde al informe “Maternidad en la Niñez” del Fondo de Población de Naciones Unidas, sitúa entre las causas de este fenómeno: la pobreza generalizada, la aceptación del matrimonio infantil por parte de las
comunidades y la familia, así como los esfuerzos inadecuados para mantener a las niñas en la escuela.
La senadora señaló que la desinformación, el menoscabo generalizado hacia sus derechos, la discriminación y violencia de todo tipo abruman la vida diaria de las jovencitas e influyen de manera importante en que 34 de
cada 100 mujeres adolescentes que tienen vida sexual *no utilizaron ningún método anticonceptivo en su* primera *relación sexual* y casi 37 mujeres *tampoco lo utilizaron en su* última relación sexual, según datos aportados por el Grupo de Reproducción Elegida (GIRE).
Dijo que en estas circunstancias el inicio de la vida sexual de las adolescentes y jóvenes mexicanas implica también el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/SIDA, del cual, ha
informado el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida *(**Censida**), *su contagio en jóvenes entre 15 y 29 años ha crecido hasta representar el 30 por ciento de los 9 mil nuevos casos de
infección.
La legisladora del PRD advierte que las adolescentes y jóvenes pierden el poder de decisión sobre sí mismas y su futuro aún antes de saber que lo tienen, pues al carecer de acceso a la educación no están preparadas
para el trabajo y la subsistencia, para fortalecer su autoestima ni su posición en su hogar y en su comunidad.
El Estado debe asumir de manera inmediata sus responsabilidades en torno al embarazo adolescente y elaborar políticas públicas que involucren la participación de todas las instituciones que lo conforman, pues sería de corta visión encasillar a este fenómeno como un problema de salud o desarrollo social o educación.
A las adolescentes y jóvenes debe reconocérseles como sujetas de derecho, capaces de elegir su proyecto de vida y expresar sus necesidades, y el Senado de la República está comprometido a llevar a cabo todas las
acciones en el ámbito de sus atribuciones para *prevenir y atender la violencia sexual**, **eliminar el matrimonio infantil, impartir educación sexual, garantizar acceso a métodos anticonceptivos*, evitar la deserción escolar y proveer servicios de salud reproductiva especializados, finalizó la senadora Angélica de la Peña.
