Ignacio Álvarez Hernández
Al resaltar que el costo del paquete básico integrado por 60 productos y servicios se duplicó de 2013 a 2014 al pasar de 3.77 al 6.17 por ciento, de que el poder adquisitivo se redujo en 28 por ciento y que 67 pesos ya no alcanzan para comprar arroz, fríjol, leche, aceite, atún, pasta y agua, diputados del PRD insistieron en revisar sueldos y recobrar la estabilidad del empleo, que fomenta el abuso laboral y la informalidad.
La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Socorro Ceseñas Chapa, sostuvo que el poder adquisitivo actualmente es menor en 28 por ciento al registrado en 1994. “Se alienta la precarización y pulverización del salario”, afirmó.
En el mismo evento organizado por la fracción, Lauro Jonathan Sol, presidente de Junta Especial en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, destacó la afectación del derecho a la estabilidad en el empleo, la legalización del outsourcing -subcontratación-, mediante el cual “se renta el trabajo de las personas” y la discrecionalidad con la que el patrón decide horarios, las tareas que alientan “el mil usos”, los salarios y despidos.
Subrayó que una sola empresa “renta” a más de 500 mil trabajadores, los cuales no tienen derecho a seguridad social y son objeto de una serie de abusos por parte de los patrones. De recurrir a un juicio laboral, la dilación en la aplicación de la justicia provoca que los empleados desistan y no reclamen, concluyó.
Al participar en la conferencia “La reforma laboral, el salario y los sindicatos ¿Qué hacer?”, organizada por su compañera Julisa Mejía Guardado y la Asociación Nacional de Mujeres Mexicanas, Ceseñas Chapa precisó que el alza en el paquete básico, conformado por más de 60 productos y servicios, se debió a los aumentos en los precios de limón y pollo al menudeo, así como a los energéticos.
Señaló que el incremento de dos pesos al salario mínimo “son migajas y es una burla”; además, la existencia de dos zonas económicas, tabuladas con diferente percepción, 63.77 y 67.29 pesos diarios, respectivamente, es una “discriminación flagrante a los derechos humanos y laborales, porque no hay mexicanos de segunda”.
“Nadie con 67 pesos al día puede vivir decorosamente”, aseguró, ya que no alcanzan para comprar siete alimentos como arroz, frijol, leche, aceite, atún, pasta y agua, cuyo costo es de 74 pesos, es decir, “ni siquiera para esos productos alcanza un salario mínimo”, precisó.
Explicó que la definición del salario mínimo “se encadena” al índice inflacionario de un solo dígito, y no se sube más, lo cual es un error porque la inflación no es un número real y frena la recuperación adquisitiva, el mercado interno y la generación de empleos. Por tanto, el aumento a las percepciones no responde a las necesidades de los trabajadores ni del país.
La canasta básica es inalcanzable para millones de mexicanos que viven en la pobreza, pero la pérdida del poder adquisitivo la sufren todos los trabajadores sin excepción. En su mayoría, los incrementos salariales se negocian entre líderes de sindicatos blancos –más de 20 mil-, y empresarios, no en busca del bienestar de los trabajadores, sino conforme a lo que le convenga al patrón.
La diputada del PRD, Julisa Mejía Guardado señaló que esta conferencia es la última del ciclo relativo a las reformas estructurales, y refirió que la laboral modificó 221 artículos, adicionó 88 y derogó 23 de la Ley Federal del Trabajo, conformada por más de mil preceptos.
