El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones la minuta de la legislación secundaria relativa a la iniciativa ciudadana y preferente, y la devolvió a la Cámara de Diputados. Son cambios mínimos para quitar errores y evitar que las iniciativas sean archivadas, pero, en esencia, se ratifican requisitos que desde su origen la anulan, pues a los ciudadanos se les exige cien mil firmantes para poder presentar sus propuestas, señaló la izquierda.
La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, puntualizó que se pretende atender la preocupación ciudadana de que las iniciativas presentadas sean procesadas en tiempo y forma por las cámaras, evitando que sean archivadas y que no sean discutidas por el Pleno.
Por lo tanto, se propone que la Mesa Directiva deberá inscribirlas en el orden del día de la sesión inmediata, cuando no se hayan cumplido los plazos para su dictaminación.
Dentro de las modificaciones a la minuta, agregó, se pretende que en los procesos de verificación del porcentaje de firmas en el trámite de la iniciativa ciudadana al Instituto, se verificará -a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en un plazo de 30 días- que los nombres de quienes hayan suscrito la propuesta corresponda en un número equivalente a 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.
Y, posteriormente, se hará un ejercicio muestral para verificar la autenticidad de la firma de éstos y garantizar su validez.
Por otra parte, para garantizar el acceso de los ciudadanos al proceso de discusión y análisis de sus iniciativas, se permitirá a un representante de los promoventes participar con derecho a voz en las sesiones de las comisiones en la etapa de análisis y discusión, y se propone que las cámaras a través de las oficinas de atención ciudadana instauren un servicio de apoyo a la presentación de iniciativas.
Respecto a la iniciativa preferente, la legisladora priista indicó que se modificó la minuta para que una vez que la cámara revisora reciba el proyecto para los efectos de la fracción “D” o “E” del artículo 72 constitucional, tenga 15 días para su resolución.
Asimismo, se establece un mecanismo que permita a los ciudadanos el efectivo ejercicio de su derecho fundamental a la presentación de iniciativas de carácter legislativo y, por otro lado, garantizar el trámite que ha de llevarse a cabo al interior de las cámaras para cumplir con la obligación constitucional de resolver sobre las propuestas hechas por el titular del Ejecutivo con carácter de iniciativa preferente, con lo que se da cumplimiento del decreto constitucional de reforma político electoral.
El senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, señaló que se hicieron observaciones y reservas al proyecto de minuta enviado por Diputados en las que se recuperaron las propuestas específicas de distintos grupos organizados para mejorar el dictamen.
Se hizo un trabajo cuidadoso, porque se observó un afán de “poner trabas” desde la ley a una de las formas de democracia directa, advirtió. Se eliminaron obstáculos en los requisitos a los ejercicios de la iniciativa ciudadana, convencidos de que las diferentes formas de la democracia directa amplían el interés de la sociedad en la vida política, para que se articule y sea más actuante.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que la iniciativa preferente y la iniciativa ciudadana, por su propia naturaleza son jurídica y políticamente distintas.
La iniciativa preferente busca fortalecer la facultad del legislativo del Ejecutivo Federal, en tanto que la iniciativa ciudadana tiene como objetivo fundamental la incorporación de los ciudadanos a los asuntos de interés.
Se trata de un avance, pero aun así queda por debajo de algunas constituciones y legislaciones de las entidades, que a pesar de que se flexibilizan los requisitos, se eliminan trámites, se otorga el derecho a subsanar errores, entre otros casos, sigue estableciéndose un proceso burocrático para acreditar firmas, para hacer la solicitud, entre otras cosas, agregó.
Al manifestar su posición, el senador del Partido Acción Nacional, Héctor Larios Córdova, resaltó la trascendencia de la posibilidad de que un grupo de ciudadanos presenten una iniciativa.
Sobre los requisitos para facilitar la presentación de los proyectos y respecto al tiempo para la dictaminación, explicó que al recibir la iniciativa, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara legislativa deberá turnarla a comisiones; el reglamento del Senado establece que se tienen 30 días para dictaminar, pudiendo solicitar ampliación de 15 días, pero si a los 45 días no se ha dictaminado, se presentará al pleno a votarla tal cual.
Finalmente, se establece que las cámaras legislativas, en su oficina de atención a ciudadanos, faciliten el apoyo para la elaboración de iniciativas.
En el caso de la iniciativa preferente dijo, se pretende que concluya su dictaminación en un solo periodo de sesiones.
El senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, expuso que el éste establece avances importantes para la democracia directa y renueva y fortalece la vida interna, incluso, de los partidos políticos.
La senadora María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, señaló que la iniciativa ciudadana es un elemento esencial de la democracia participativa, toda vez que acerca a la ciudadanía al poder público y alinea la agenda legislativa con los intereses y preocupaciones de la población.
Sin embargo, Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, refirió que las modificaciones de último momento, lejos de dar de certeza a los dictámenes, hacen más turbia su discusión e indicó que la iniciativa preferente interfiere en la labor legislativa, imponiendo sus propios objetivos y con esta reforma, su propia reglamentación.
Mencionó que en el caso de la iniciativa ciudadana, no equilibra el Poder Ejecutivo y de las mayorías en el Congreso con la participación ciudadana. Se imponen requisitos que desde su origen la anulan, explicó, pues se necesitan cien mil firmantes para poder presentar el proyecto ante el Congreso.
Por su parte, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, observó que al exigirle al ciudadano el respaldo de 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, se establece un procedimiento burocrático y engorroso que obstaculiza al ejercicio del derecho a la participación.
“¿Por qué el Congreso condiciona y subordina el ejercicio de su facultad soberana de legislar y el derecho de un ciudadano a participar a un requisito que es arbitrario y sin sustento a todas luces?” cuestionó el legislador.
El senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, destacó que su partido no concibe que las decisiones que afectan a México se tomen por una cúpula. Después de todo, dijo, “si el pueblo pone a los representantes populares, si el pueblo les paga, lo más normal es que el pueblo mande”.
Igualmente, indicó que el PRD continuará luchando para que el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato sean una realidad en nuestro país.
