La Secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, Alejandra Barrales Magdaleno, anunció que en los próximos días integrantes de esta comisión se reunirán con los líderes sindicales de Mexicana de Aviación para apoyarlos en la impugnación que presentarán sobre la declaratoria de quiebra de la aerolínea.
“Pero sobre todo para coadyuvar en vigilar el destino que el gobierno federal quiere darle a los activos con que cuenta la empresa, porque sabemos que tienen la mirada puesta en la base de mantenimiento MRO y estaremos atentos de a quién se la quieren obsequiar”.
La legisladora afirmó que la resolución judicial que declara la quiebra de la que fuera la primera aerolínea nacional y la cuarta más importante en América Latina, Mexicana de Aviación, es una mala señal para la clase trabajadora, pues no sólo está en juego el futuro de una empresa, sino los derechos, la fuente de ingresos y estilo de vida de 8,500 trabajadores.
Lo anterior, dijo, demuestra que no hay voluntad del Gobierno Federal por salvaguardar la fuente de empleo de los trabajadores. Recordó que el 31 de mayo de 2012, entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que de llegar a la presidencia apoyaría para que Mexicana de Aviación reanudara operaciones.
Denunció que es un compromiso que no sólo no cumplió, sino que además durante el proceso judicial el gobierno federal no demostró ni siquiera el intento por instrumentar acciones para rescatar a la aerolínea y con ello salvaguardar la fuente de empleo de sus trabajadores.
Alejandra Barrales calificó de irresponsable las declaraciones del Secretario de Hacienda, en el sentido de que las decisiones que llevaron a Mexicana de Aviacion a la situación de quiebra fueron tomadas en el sexenio anterior y que a la actual administración le corresponde solamente atender las decisiones judiciales.
Esto, dijo, no es lo que se espera de un gobierno en turno, porque la gente lo que requiere es una respuesta que atienda la problemática, puntualizó.
También señaló que las autoridades cuentan con elementos del fraude gestado por Gastón Azcarraga y su equipo directivo al frente de la aerolínea, pero pasa el tiempo y sigue libre, lo cual demuestra un estado de impunidad.
Mientras tanto, los acreedores mayoritarios de Mexicana (Banorte, Bancomext y el AICM) cedieron derechos de cobro a un fideicomiso que capitalizará al taller de mantenimiento MRO, una de las cuatro empresas del Grupo, acción con la cual salió del concurso mercantil.
El director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Alfonso Sarabia de la Garza, aseguró que es una resolución positiva la decisión de la juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, Edith Alarcón Meixueiro, que permite a MRO continuar con sus operaciones.
Dijo que con la resolución se mantiene la fuente de trabajo para más de mil personas, se da seguridad jurídica a un valioso activo para la industria de la aviación del país y se conserva en funcionamiento de uno de los talleres de mantenimiento más modernos de América Latina, que cuenta con autorizaciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
Lo más importante, permitirá apoyar a los trabajadores y jubilados que resultaron afectados, expuso en un comunicado el director general del AICM.
Refiere que en el marco del concurso mercantil, los acreedores acordaron ceder derechos de crédito a un fideicomiso que tenga por objeto apoyar económicamente a los cerca de ocho mil trabajadores y 600 jubilados de las cuatro empresas del Grupo Mexicana.
Sostuvo que la juez Alarcón Meixueiro aprobó el convenio presentado por los acreedores mayoritarios (Banorte, Bancomext y AICM) y la empresa, por el que las tres instituciones cedieron derechos de cobro a un fideicomiso que capitalizará el MRO y ostentará la mayor cantidad de acciones del mismo.
El pasado viernes, la juez Edith Alarcón declaró la quiebra de Mexicana de Aviación y de sus filiales Link y Click, y aprobó el convenio concursal de la base de mantenimiento MRO, por lo que es la única compañía que logró su restructura después de 43 meses de este proceso legal.
