El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, presentó un punto de acuerdo en el que solicita que el Senado de la República requiera al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, libere a los opositores al Plan Integral Morelos.
El legislador solicita que cese la persecución, el autoritarismo y la violación a los derechos humanos y políticos de los pobladores y dirigentes de organizaciones sociales.
Asimismo, requiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice una investigación exhaustiva y emita recomendación al gobierno del estado de Puebla por la persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en contra de los legítimos opositores de dicho proyecto.
Se requiere, dijo, la comparecencia ante Comisiones del Senado de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que presenten un informe público sobre los efectos sociales, económicos y ambientales del citado Proyecto Integral Morelos, CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos.
Explicó que derivado de la oposición a este proyecto, el 6 de abril, el gobernador Moreno Valle, detuvo a Enedina Rosas Vélez de 60 años, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan del Municipio de Atlixco, acusada del robo de dos celulares y su oposición al Gasoducto.
Dijo que a las puertas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Puebla, el 7 de abril fue detenido Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, a quien se le acusa de despojo, extorsión y motín, delitos considerados graves que no le permiten derecho a fianza.
En tanto que el Juez de Paz de San Martín Texmelucan, Abraham Cordero Calderón, integrante del Frente Campesino y del Movimiento “Los de Abajo”, el 8 de abril condenó las detenciones de los dos Dirigentes y proponía al Gobierno Estatal el diálogo, no obstante, señaló, tres horas después fue detenido acusado por amenazas y delitos en contra de servidores públicos.
El legislador petista expuso otros casos e indicó que en ninguno de los tres Estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra que se inició en mayo de 2011.
Aseveró que ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comunicaron a la población en general los detalles del proyecto, del mismo modo que omitieron informar a los organismos estatales o municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de esta obra implica.
Así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad.
Informó que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred), consideró que el Proyecto era inviable en esta zona, justamente porque pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo, considerando inviable la construcción del gasoducto.
Sostuvo que las válvulas de seccionamiento deben situarse a 4 kilómetros una de otra. Sin embargo, en realidad el trazo del gasoducto se encuentra a 50 y 200 metros de los centros de población.
La proposición fue turnada a la Comisión de Energía, debido a que el Pleno no lo consideró de urgente resolución.
