Ignacio Álvarez Hernández
La impune, histórica, protegida y sin castigo corrupción, cometida por altos funcionarios públicos en agravio de Pemex, permeo durante la comparecencia del director de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, a quien diputados hasta del PRI le reclamaron el ocultamiento de 50 contratos, seis auditorías y seis informes que le solicitaron desde el 16 de mayo pasado.
Los legisladores de los siete grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados, exigieron transparentar no sólo los 82 contratos otorgados a la Naviera Oceanografía, sino los entregados en forma fraudulenta a las empresas Evya y Hewlett-Packard, que involucran a políticos del PAN de primera línea. El país no desterrará la deshonestidad con el borrón y cuenta nueva y protegiendo corrupción de la alta clase política, reclamaron.
Ello después de que Lozoya Austin, les demandó “no mirar hacia atrás” y mirar hacia las nuevas medidas para evitar fraudes como la “bóveda electrónica” que permitirá verificar la autenticidad de los contratos que firme Pemex con empresas privadas.
Diputados dijeron que el nuevo gobierno del PRI, se comete el mismo error de los del PAN, que prometieron castigar a corruptos y lo único que hicieron fue incrementar la corrupción político-privada. “Hoy no se atreven a detener ni al ex candidato del PAN al gobierno de Campeche, Mario Alberto Ávila Lizárraga, por ilegal contrato que entregó a Oceanografía.
Ávila Lizárrafa, firmó, suscribió el instrumento legal denominado “adendum” al contrato 428237855 con la empresa Oceanografía, aún estando impedido por la conclusión de su encargo, el cual terminó el 30 de noviembre de 2012. “Fíjense: firmó un “adendum” por cientos de millones de pesos a favor de Oceanografía y anda libre”, acusó el diputado del PRD, Mario Alejandro Cuevas Mena.
El titular de Pemex, así como el director jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez, y titular del Órgano Interno de Control, Daniel Ramírez Ruiz, informaron que se impuso a Oceanografía una multa de 24 millones de pesos e inhabilitación de un año nueve peses, por irregularidades en las finanzas de nueve de los 82 contratos celebrados del 2006 a la fecha con Pemex Exploración, Producción.
De esos contratos, 80 fueron adjudicados por licitación pública y dos de manera directa, indicó el funcionario en una reunión con la Comisión de Investigación de los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha, a la que asistió el titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Pemex recuperó 355 millones de pesos por las auditorías que se hicieron a los contratos que celebró del año 2006 a la fecha con la empresa Oceanografía, afirmó ante diputados el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la paraestatal, Daniel Ramírez Ruíz.
“De las auditorías realizadas por el OIC se han recuperado por concepto de penas convencionales y pagos en exceso, 285 millones de pesos. El monto recuperado por la regularización de las cantidades en las garantías del cumplimiento de contrato ascienden a 5.4 millones de dólares, que equivalen a 70 millones de pesos”, indicó.
Prevalece
opacidad
La diputada del PRI, Rocío Adriana Abreu Artiñano, indicó que las irregularidades registradas con Oceanografía, Evya y Hewlett-Packard, involucradas en casos de presunto fraude y supuestos sobornos para obtener contratos, afectan directamente a la economía, trabajadores de las empresas y prestadores de servicios de la paraestatal.
Pidió que Lozoya Austin explicara las acciones realizadas por su administración para que no se vuelvan a repetir en un futuro, a lo que el funcionario de Pemex respondió que han enfocado sus labores en la prevención de fraudes, fortaleciendo mecanismos de control, sobre todo en la firma de contratos, además de implementar las prácticas de transparencia recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Explicó que Pemex aplica, de manera acelerada, un mecanismo innovador llamado “bóveda electrónica”, en la que se coloca información de todos los contratos que suscribe la paraestatal y que éstos sean del conocimiento de empresas y bancos. “Si esta bóveda electrónica hubiera existido en los últimos años, el fraude entre Oceanografía y Banamex hubiese sido evitado”, dijo.
A su vez la diputada del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas, solicitó información sobre las investigaciones realizadas, demandas penales por presunta corrupción que se han presentado y cuántos servidores públicos han sido sancionados o cesados por ello.
Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico de la paraestatal, externó que, de 2006 a la fecha, se han presentado en total 192 denuncias contra servidores públicos de Pemex por distintos tipos penales, como abuso de autoridad, cohecho en ejercicio de funciones o peculado, de las cuales 66 se encuentran en proceso.
“En el caso específico de Oceanografía, insistimos en que, si bien se trata de un evento entre la empresa y el Banco Nacional de México (Banamex), nosotros sí hemos presentado denuncias por el delito de falsificación de documentos, y hasta la fecha están haciéndose las indagatorias por parte de la Procuraduría General de la República (PGR)”, comentó.
El diputado del PRD, Mario Alejandro Cuevas Mena, consideró que la cultura de la corrupción se ha convertido en parte de la ideología de los mexicanos, lo que se refleja en actos de robos y fraudes cometidos por políticos, para los cuales son necesarios castigos ejemplares.
