Senadores del Grupo Parlamentario del PRD expresaron su preocupación porque la Procuraduría General de la República sea omisa en la integración de las pruebas y evidencias contra los presuntos responsables, y permita la impunidad en el caso la empresa Oceanografía.
Durante la comparecencia del Jesús Murillo Karam ante la Comisión Especial para la atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, los perredistas consideraron una ofensa al país que las autoridades encargadas de impartir justicia, de velar por los intereses nacionales, se presten a los intereses particulares.
La Senadora Dolores Padierna Luna sostuvo que la información con la que se cuenta hasta ahora en el caso Oceanografía apunta a un fraude controlado, en el que los participantes son miembros destacados de la corporación privada, del gobierno o del Estado y de consultores privados o de instituciones financieras.
“Todos los indicios nos llevan a suponer que existe una impunidad concertada, para minimizar el monto del quebranto del señor Amado Yáñez, principal accionista de Oceanografía, para tomar como chivos expiatorios o monedas de cambio de tres empleados menores de Banamex, a cambio de no llegar a las más altas esferas de banco y para evitar una indagación a fondo sobre esta misma red de protección fraudulenta en Pemex”, sostuvo.
Y acusó la Procuraduría General de la República de tener una estrategia de alta impacto mediático y de una baja consecuencia jurídica y punitiva; además de extralimitar sus facultades al evitar la quiebra de la empresa y trasladar los bienes hacia el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes.
“No puedo dejar de señalar que buscamos en el Código de Procedimientos Penales, en la Ley Orgánica de la PGR, en su reglamento interno las facultades que tiene la PGR para lo que usted está señalando (…) Y no encontramos ninguna facultad para hacer las acciones que usted hizo”, mencionó Dolores Padierna.
La Vicecoordinadora del PRD en el Senado señaló que existen múltiples dudas frente a la investigación que está llevando a cabo la PGR, por lo que solicitó a Jesús Murillo responder por qué se estableció la suma mínima de caución por 86 millones de pesos a Amado Yáñez, aún cuando el fraude a Banamex se estima en 5,300 millones de pesos.
Por ello, abundó la senadora Angélica de la Peña, la principal preocupación de los legisladores que integran la Comisión es que la PGR pueda llegar a ser omisa en la integración de las pruebas y evidencias contra los presuntos responsables.
Indicó que la liberación de Amado Yáñez con el pago de una fianza de 80 millones de pesos generó preocupación en el sentido de que pueda haber impunidad en el caso.
Cuestionó además sobre la posible existencia de otra línea de investigación hacia los servidores públicos de Pemex y solicitó, en caso de existir, el nombre de las empresas ligadas a Oceanografía. El Senador Mario Delgado, cuestionó al procurador sobre quién determinó la falsedad de los contratos que Oceanografía presentó a Banamex, “porque la información que da la Procuraduría la refiere a Banamex”.
El legislador coincidió con el Procurador en salvar las fuentes de empleo, pero pidió que si se salva a la empresa no se salven a los dueños.
“Se tendría por ello que llevar el valor accionario de los que están cometiendo este fraude a cero, para que entonces se pueda entrar a un concurso mercantil”, mencionó.
