Ignacio Álvarez Hernández
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados, advirtió que en el paquete de leyes energéticas hay “deficiencias graves” en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, pues no sólo no se ataca la corrupción en la industria petrolera, sino limita y bloquea la actuación del legislativo en el control de recursos públicos y de su órgano superior de fiscalización superior.
“El combate a la corrupción siempre queda en buenos propósitos y buenos discursos. En la legislación reglamentaria que busca el PRI con el PAN, brillan por su ausencia reglas y normas enfocadas a combatir deshonestidad pública y empresarial”, advirtió el presidente de esa instancia legislativa, José Luis Muñoz Soria, no obstante que a la fecha al 90 por ciento de promociones de responsabilidad sancionatoria emitidas por el órgano fiscalizador les dan “carpetazo”.
El legislador aseveró que en las leyes secundarias que se pretende aprobar se permite una alta discrecionalidad de la elite burocrática que se encargará de instrumentar reformas y leyes, cuyo libertinaje sin presencia del legislativo pone en alto riesgo la renta petrolera, y no frena el dispendio de los últimos gobiernos de los recursos provenientes del petróleo.
El diputado del PRD, afirmó que la redacción de las nuevas leyes son inexistentes las obligaciones puntuales del sector energético cuya propuesta se coloca vagamente en sólo 8 artículos de las leyes que se encuentran en la Cámara de Diputados y 39 en la de Senadores donde se regirán a los órganos reguladores del sector energético y de las empresas productivas del Estado.
“La corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) no será desterrada sólo con buenos propósitos y declaraciones que ofrezcan compromisos, sino sólo con una legislación clara y precisa donde se establezcan reglas ejemplares de sanciones por irregularidades y actos de corrupción, aseveró.
Consideró que las leyes reglamentarias de la reforma energética como pretende el PRI aprobar, no van a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las empresas del Estado para preservar el patrimonio de los mexicanos, pues el paquete de leyes que reglamentaran los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética, y a cada uno de los 21 artículos transitorios, contienen una serie de deficiencias.
Muñoz Soria comentó que pueden sonar llamativos las declaraciones, los compromisos cuando se afirma que indigna a los ciudadanos la corrupción como la que conocemos se ha presentado en empresas públicas como Pemex, pero más indigna se asuman compromisos de hacer leyes que acrediten instituciones verdaderamente transparentes.
“La legislación secundaria que busca el PRI se apruebe, brilla por su ausencia las reglas y normas enfocadas a combatir la corrupción, permite una alta discrecionalidad de la elite burocrática que se encargará de instrumentar las reformas y se pone en riesgo estructural la renta petrolera, además de que falta también un decidido combate al dispendio introducido por los últimos gobiernos en el ejercicio de los recursos provenientes del petróleo.
“Han sido sólo buenos propósitos las afirmaciones de la bancada priísta de que van a desterrar las prácticas de corrupción, pues cada vez que se conoce corruptelas se deja sin sanción, en la mayoría de los casos, lo que propicia la ineficacia del servicio público en este sector crucial para el desarrollo económico”, al no castigarse el 90 por ciento de las promociones de responsabilidad administrativas sancionatorios promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, como en el caso de la Estela de Luz y ahora con Oceanografía.
