Con la apertura de las salas para juicios orales en materia laboral, se refrenda el principio y ética jurídica para aplicar los beneficios del sistema y otorgar a los ciudadanos procesos imparciales, expeditos, inmediatos y justos como lo establece la Ley Federal del Trabajo, consideró la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Margarita Darlene Rojas Olvera.
Agregó que este modelo subraya el estricto apego al Estado de Derecho, ya que se resolverán todas las demandas laborales con mayor transparencia y profesionalización, mediante criterios de justicia social para una atención preferencial a grupos vulnerables.
“Este modelo agilizará resoluciones en temas de beneficiarios de trabajadores fallecidos, atención a madres solteras, mujeres embarazadas, menores trabajadores y personas con alguna discapacidad, entre otros temas”, dijo.
En este sentido, la JLCADF implementa los mecanismos jurídicos mediante la incorporación de tecnologías de la información al servicio de la impartición de justicia, ya que en los litigios se aplicarán registros digitales y grabaciones de video, audios y voz.
De esta manera, las resoluciones bajo este sistema permitirán reducir paulatinamente las cargas de trabajo en temas específicos, ya que cada día se desarrollan hasta 60 audiencias y se atienden al mes aproximadamente más de 3 mil 500 demandas.
Es oportuno señalar que en virtud de acelerar los tiempos procesales de otras demandas, se construyeron las juntas especiales 19 y 20, bajo el modelo de incorporar módulos con mobiliarios y equipos de grabación para ofrecer una atención personalizada en beneficio de las partes involucradas en el litigio.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y la presidenta de la JLCADF, Margarita Darlene Rojas Olvera, inaugurarán este lunes 30 de junio, las salas de juicios orales materia laboral.
También asistirán a la apertura como invitados especiales: El Gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez; el Secretario de Trabajo y Previsión Social del estado de Chihuahua, Fidel Pérez Romero; la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, Patricia Mercado Castro y el Director Adjunto de la oficina de países de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Thomas Wissing.
Asimismo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Magistrado Dr. Edgar Elías Azar; el Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, Mtro. José Ramón Amieva Gálvez, y académicos de la UAM, UNAM, Escuela Libre de Derecho y Tec de Monterrey, entre otros.
Es oportuno señalar, que dicho modelo de justicia se retomó del estado de Chihuahua mediante un convenio de colaboración, por lo que la JLCADF recibió la transferencia de tecnología para adecuar los mecanismos bajo las necesidades y políticas para el Distrito Federal, a fin de recobrar la confianza de la ciudadanía en temas laborales, ya que se enfoca la realidad de un litigio vinculado a resoluciones inmediatas.
En cuanto al funcionamiento de las salas orales laborales, la JLCADF abrió el “Concurso de Oposición Abierto”, para calificar a los mejores profesionistas a ocupar las vacantes disponibles, por lo que las evaluaciones teóricas, prácticas y psicométricas fueron supervisadas y avaladas por reconocidos académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mismos que otorgaron certeza al proceso de selección.
Las plazas que ocupan los nuevos servidores públicos de la JLCADF son: 10 para Secretario Jurídico, 6 para Auxiliar Jurídico, 4 para Auxiliar Jurídico en Dictamen, 1 (una) para Funcionario Conciliador, 10 para Actuario Judicial, 2 para Secretaria de Director de Área y 10 para Estenógrafo.
Por último, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF), refrenda su compromiso para aplicar los mecanismos jurídicos e imparciales para reducir procesos prolongados, costosos e injustos, lo que permite alcanzar una paz y equilibrio laboral entre el capital y el trabajo, esquema que impulsa el desarrollo social, político y económico del Distrito Federal.
