Ignacio Álvarez Hernández
Luego de que un juez federal declaró ilegal la revocación del permiso para operar casinos a la empresa Entretenimiento de México (Emex), que todo indica se hizo para favorecer a un grupo empresarios que buscan monopolizar el pingüe negocio, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que revisa los permisos de operación, solicitó transparentar las decisiones de la Dirección de Juegos y Sorteo bajo sospecha de actuar bajo interés político-económico.
Los senadores por el estado de Nuevo León, Cristina Díaz (PRI) y Raúl Gracia (PAN), ya alertaron sobre la improcedente actitud de la Dirección de Juegos y Sorteos, que preside Marcela González Salas, cuyas decisiones de tiempo atrás se han puesto en “entredicho” por su interés de apoyar a un grupo de empresarios eliminando competidores.
Ello luego de que el pasado viernes, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal declaró ilegal la revocación del permiso para operar casinos de la empresa Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los hermanos Arturo y Juan José Rojas Cardona.
En opinión de los legisladores hay “particular interés” de la directora Marcela González Salas, de “liquidar” del negocio de los casinos a Juan José Rojas Cardona, quien en los sexenios panistas se ganó el mote de “zar de los casinos”, y que ahora con el PRI, mediante el manipuleo interesado de la ley se busca crear nuevo “zar de los casinos”.
El juez Ricardo Gallardo Vara concedió a Emex un amparo contra la resolución dictada el 1 de abril por la Secretaría de Gobernación, mediante la cual se revocó el permiso otorgado en 2005 para operar hasta 50 casinos hasta por 25 años que se le concedieron el sexenio pasado.
Ello porque la dependencia se basó en un mero tecnicismo para cancelar el permiso, pues su decisión derivó de la operación irregular de un solo casino, en este caso el Sportzone ubicado en el municipio de San Juan del Río, Querétaro que se tomó como pretexto para cerrar los instalados en otras entidades.
La Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) consideró que Emex no tenía permiso municipal para operar ese establecimiento, debido a que la autorización exhibida fue firmada únicamente por el secretario de Finanzas, un funcionario que no forma parte del ayuntamiento y, por tanto, carece de facultades para su emisión por lo que infringió el artículo 22, fracción IX, del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, por lo que determinó la revocación del permiso y una multa de 10 mil pesos.
Ante la irregular situación los 11 diputados que integran la Comisión Especial que Indaga el Funcionamiento de las Instancias del Gobierno Federal Relacionadas con el Otorgamiento de Permisos para Juegos y Sorteos, que preside el diputado del PRD, Fernando Zárate Salgado, solicitarán a la Secretaría de Gobernación, revisar a fondo el trabajo de la directora de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, bajo sospecha quitar del camino a competidores transgrediendo la ley, con el fin de beneficiar a un grupo de empresarios, y crear bajo su control, otro “zar de los casinos”.
