Acento
Salvador Flores Llamas
Al mediodía del lunes, una manifestación de grupos reducidos y dispersos interrumpió el tránsito por el arroyo central de Reforma, del Ángel a Bucareli, y en los dos sentidos de Insurgentes, sin que la policía capitalina interrumpiera a intervalos su paso para liberar el de los vehículos, en un acto más de desconsideración contra los capitalinos.
Se ve que ni Mancera ni el secretario de Seguridad Pública sufren atascos, que anulan la libertad de tránsito, frenan la actividad económica con serias repercusiones para el paso de enfermos graves, llegadas al trabajo y citas de negocios. Sin importarles los sufridos ciudadanos, que somos quienes les pagamos.
Esto es sólo repetición de los atascos que provocó la CNTE el año pasado al DF donde centró sus ilícitas operaciones, como en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, estado al que no deja en paz y tiene en un puño al desgobernador Gabino Cué, anuente a sus más leves exigencias.
Por desgracia, esto es reflejo de la política dictada desde Gobernación, que impide tocar a esos delincuentes en lo más mínimo, así dejen sin escuela a millones de niños, cobren salarios y canonjías, reciban millones de ribete y anulen la Reforma Educativa, que tanto costó aprobar al Congreso, cuyas cámaras fueron cercadas por losmaistros, que cobran al erario por agitar.
En días pasados impidieron el tránsito al aeropuerto de Oaxaca y pasajeros, de toda edad, salud y condición, hubieron de caminar tres kilómetros a pie para no perder sus vuelos.
El fin de semana destrozaron allá la sede estatal del PRI con saña inaudita, sin que la procuraduría de justicia estatal detuviera a ningún forajido, pero salió con que iniciará la investigación, para desembocar en la impunidad de siempre.
Esta mafia criminal acostumbra actuar con subsidio del gobierno, pues sus líderes van a Bucareli con frecuencia por millonadas, a cambio de que no armen tanto borlote, pero siguen haciéndolo.
El Zócalo del DF primero, la Plaza de la República (en torno al Monumento a la Revolución, donde hay aún tiendas y cuartuchos construidos) después los invadió la CNTE, a ciencia y paciencia de la autoridad y a costillas de los sufridos negociantes y habitantes, cuyos derechos elementales no merecen ninguna protección del gobierno.
Ni qué recordar que en Guerrero (en la Autopista del Sol y Chilpancingo) la CNTE cometió desmanes, y Morelia fue otra víctima suya: tomaron casetas de cobro en autopistas, secuestraron autobuses de pasajeros, y saquearon y quemaron camiones de mercancías, sin castigo para los responsables.
¿Cómo quiere el gobierno que haya seguridad pública con este proceder y creamos que ataca en serio al crimen organizado, si vemos constantemente su complicidad en actos que nos paralizan y enervan?
Somos víctimas indefensas de esas mafias del crimen organizado, y vemos que es mera cantaleta anunciar que les está ganando la batalla.
Ante la ingobernabilidad en Guerrero y el DF sobran señalamientos de que la CNTE anula la Reforma Educativa e impide evaluar a los maestros para que puedan ocupar nuevas plazas o seguir en ejercicio.
Mas no sólo en este renglón hay contemplaciones para los delincuentes. En Michoacán el comisionado federal de seguridad Alfredo Castillo se cansó de repetir que iban a detener a La Tuta, y quedó sólo en promesa, pues vimos sus reuniones con Rodrigo Vallejo, hijo del ex gobernador Fausto Vallejo, y que éste negoció y hasta ofreció formar grupos para reforzar a esa mafia.
La PGR sólo consignó al Gerber por encubrimiento, por no querer declarar sobre lo tratado con La Tuta y revelado en videos.
Y surgen preguntas: ¿está limpio Fausto Vallejo, si su mano derecha, el ex secretario de gobierno Jesús Reyna y su hijo Rodrigo hacían tratos con la Tuta? ¿No lo investigará la PGR? ¿Bastó con que dejara la gubernatura?
A esos pasos nunca habrá seguridad pública en Michoacán, donde –como en otros estados- están inmiscuidos políticos de todos los niveles.
La alcaldesa de Pátzcuaro Salma Karrum fue señalada por la prensa de dar cargos a Los Caballeros Templarios, a cambio de protección; o sea, que está coludida con ellos. Ella lo negó, dijo que buscó a la mafia para pedir ayuda para descubrir a los asesinos de su yerno. Su desmentido no basta para exculparla, sino amerita una buena investigación, y ya sabemos en qué va a parar, como tantas otras que se han anunciado.
Valga repetir que así ni quien crea que han disminuido los delitos en el país. Acaba de pasar una reunión en Nuevo Laredo, para analizar el avance del combate a la inseguridad en una zona de Tamaulipas, y la IP no fue invitada por haber puesto en duda la baja de esos ilícitos.
Así no podrá avanzarse en serio y menos sin la colaboración de los hombres de negocios, grandes causantes, también afectados por la delincuencia.
Mala táctica que ante la elección de 2015 –que renovará las 500 curules federales, 9 gubernaturas, 17 congresos estatales y 1,023 ayuntamientos- se intente aminorar el impacto de la acción de las mafias para no afectar al PRI, que buscará una mayoría fuerte en la Cámara de Diputados y el mayor número de gobiernos estatales, congresos y municipios para convertirse en el partido más fuerte rumbo a la sucesión presidencial de 2018.
El leitmotiv electorero no justifica politizar la justicia, ejercerla a cuenta gotas y otorgar impunidad a núcleos delincuenciales. ¿Quién garantiza que eso no puede operar al contrario?
