Acento
Salvador Flores Llamas
Llamó sobremanera la atención que el gobernador sustituto de Guerrero resultara el secretario general de La Universidad Autónoma, Rogelio Ortega Martínez (los mismos apellidos del Chucho Mayor, Jesús Ortega Martínez) izquierdista radical, aliado (¿seguirá siéndolo?) de las FARC, la criminal guerrilla que tiene en un puño a Colombia desde hace décadas.
Rogelio Ortega fue acusado ante la PGR en marzo de 2008, con otros mexicanos de tales nexos, pues cuando el Ejército colombiano atacó el campamento de las FARC en Sucumbios, Ecuador, en marzo de ese año, halló documentos y correos electrónicos del jefe terrorista Raúl Reyes que mencionan a Rogelio Ortega y otros mexicanos relacionados con esa guerrilla; acaba de recordar J. Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Ahí se vio que el hoy gobernador tuvo relación estrecha con “Marcos Calarcá”, uno de los jefes de las FARC que representa a ésta en la negociación con el gobierno de Colombia, en La Habana, Cuba.
Un año después se reiteró la demanda, pero la autoridad no hizo nada, y resulta contradictorio que si se quitó a un gobernador que solapó a los asesinos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en su lugar se haya puesto a un secuestrador, quizá por calcular erróneamente que podrá apaciguar las protestas violentas de grupos terroristas como el ERPI, indicó Ortega Sánchez
No pasó lo mismo que en Michoacán, donde sustituyó a Fausto Vallejo el rector de la Universidad de San Nicolás, Salvador Jara por su perfil civil, a quien no se le conocen complicidades con mafias ni secuestradores.
¿Si el Gobierno Federal no impidió nombrar a un tachado de ligas mafiosas como gobernador de Guerrero, cómo confiar en que se blindará la selección de los candidatos para los comicios federales, estatales y municipales del año próximo?
Por su parte, la izquierda no halla como zafarse de su complicidad con lo de Iguala, pues está metida hasta las manitas y hay pruebas que confirman que Los Chuchos y al Peje andaban de manita sudada con Abarca, así López Obrador, con su eterna cachaza, jure que es inocente, aunque el diputado Oscar Díaz Bello le entregó en mayo de 2012 una carpeta que documentaba los nexos del edil prófugo con el narco, y aun así lo lanzó como candidato a la alcaldía.
No le alcanza su “honestidad valiente a Andrés Manuel para zafarse, dijo el líder senatorial del PRD Miguel Huerta.
Esos datos explican la larga complicidad del CEN del PRD, liderado por Carlos Navarrete, quien no se atrevió ni a pedir a Aguirre Rivero que renunciara, porque también estaba comprometido con él.
Ante la contumaz hipocresía del profeta de la “honestidad valiente”, sus corifeos –Ricardo Monreal y Martí Batres- no hayan cómo defenderlo y adoptan desplantes cínicos ahora que la puerta le cogió la mano. Mejor sería que callaran; pero Andrés Manuel pugna como sea que no lo castiguen los electores el año próximo y le quiten posibilidad de que ganar la Presidencia de la República en 2018.
Tal actitud confirma su indignidad para ocupar el cargo. ¿Qué haríamos con un Presidente tramposo que tratara de negar o encubrir sus complicidades y corrupciones con embustes, como los tiranuelos sudamericanos que heredó Hugo Chávez con el sello cubano?
Y AMLO tuvo la desfachatez de exigir la renuncia del presidente Peña Nieto y crear una “comisión de la verdad” (manido recurso izquierdista) para que dilucide lo de Ayotzinapa y castigue a los culpables; pero cuyo veredicto sólo lo aceptaría si no inculpara a él ni a sus compinches.
Mientras, se conocen más negocios fabulosos del criminal edil de Iguala y su consorte Ángeles Pineda Villa, que pusieron a nombre de sus parientes más de 60 empresas creadas con mordidas, robos al erario y lavado de dinero, y se descubrió que tres hermanos de ella, Alberto, María y Salomón Pineda Villa crearon la mafia Guerreros Unidos, que desapareció a los 43 estudiantes por órdenes de Abarca.
Entre tanto, el Papa Francisco rezó por los desaparecidos de Ayotzinapa, la Casa Blanca insistió en su preocupación y crítica por la tardanza en resolver el problema, el comisionado de Derechos Humanos de la ONU lamentó que aún no den resultados los esfuerzos para encontrarlos, y urgió más esfuerzos al gobierno mexicano e identificar a 38 muertos hallados en fosas clandestinas en Cocula, Guerrero.
El arzobispado de México se sumó a la indignación despertada en el país y el extranjero a más de un mes de la desaparición, y dijo que la clase política y los partidos se han exhibido como “totalmente incompetentes”.
Clamó: ya basta de impunidad, corrupción y cinismo en el país y de discursos oficiales plagados de falsedad e hipocresía, que sólo irritan a la sociedad.
