Tópicos Legislativos
Ignacio Álvarez Hernández
Aunque de gran impacto mediático y electoral, la propuesta del PAN de crear “independiente” Sistema Nacional Anticorrupción, no deja de ser una simulación más, pues no va más allá de subrayar el “oneroso” costo del soborno a los pobres mexicanos que destinan uno de cada cuatro pesos para pagar “mordidas” en trámites oficiales.
Es decir, el presidente nacional blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés y su coordinador en Diputados, José Isabel Trejo Reyes, en su propuesta, sólo tocan la corrupción de burócratas de medio pelo con trato directo al público, pero no la dolosa deshonestidad de la alta clase política, que no sólo “jinetea” y desvía recursos, sino hace grandes negocios público-privados, con el poder de su firma.
En los seis ejes fundamentales que conforman la propuesta, ninguno habla de endurecer sanciones penales y administrativas, pues actualmente la sanción no pasa de inhabilitar para ocupar puestos públicos, pero no obliga a reparar el daño, por aceptar sobornos millonarios, hacer negocios ídem o desviar presupuesto, pues el delito es el menor de peculado, que les permite salir bajo fianza y seguir gozando de fortunas malhabidas.
En pocas palabras, la propuesta es otro cuento chino rimbombante que quizá al PAN le sirva para cooptar votos en el 2015, pero que para combatir la corrupción sólo servirá para estadísticas, como ocurre actualmente, de llenarse la boca presumiendo sanciones a servidores públicos que, repetimos, siempre son de medio pelo.
La propuesta panista en su eje 6, de forma tímida y hasta cómplice tapa corrupción de sus militantes de elite y otras siglas, sin especificar sanciones, pues en materia penal se concreta a ceder esa facultad al Tribunal Judicial de la Federación, y en administrativa, al tribunal federal en la materia.
En su exposición de motivos, nunca se refiere a los actos de corrupción de la llamada burocracia “dorada”. No se habla de cárcel por recibir “moches” de municipios para beneficiarlos con mayor presupuesto, o aceptar sobornos de sectores económicos, por favores en leyes o concesiones, vamos ni siquiera se habla de embargarles bienes y cuentas bancarias aquí y en el extranjero.
¿Por qué no proponen desaparecer el delito de peculado inventado por Carlos Salinas para proteger millonarias raterías de políticos?, simplemente porque jurídicamente se dan trato de ciudadanos de excepción, mientras a los mexicanos de a pie les imponen el grave delito de fraude… Señores panistas, dejen de presentarse como los adalides de las causas ciudadanas, cuando a su propia corrupción, le dan el clásico, borrón y cuenta nueva.
POR CIERTO, la alta clase política de PRI, PAN, PRD y PVEM, se desgarra las vestiduras, por el insultante enriquecimiento del munícipe delincuente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y del ex secretario de Finanzas de Michoacán, Humberto Suárez López, pero, preguntamos: ¿Qué político de esos partidos, tendrá la autoridad moral, de arrojar la primera piedra?
