Zócalo
José Vilchis Guerrero
Alfredo Castillo cumplió el jueves de la semana pasada un año como comisionado federal en Michoacán, con la encomienda del presidente Enrique Peña Nieto de coordinar un operativo para enfrentar una de las mayores crisis locales de seguridad pública. En su óptica, logró “avances significativos” como haber “desmantelado” a Los caballeros templarios, dijo. Lo real es que el conflicto de Michoacán fue el vacío de poder en doce años de gobiernos panistas y dos del gobierno priista.
Castillo dijo haber reducido la incidencia de algunos delitos como el homicidio y el secuestro. Sin embargo, analistas y legisladores de oposición consideran que los problemas de inseguridad en la entidad están lejos de resolverse. Acabar con los templarios precisamente era uno de sus objetivos y no lo logró. Se apropió un mérito: el arresto de Dionicio Loya Plancarte, uno de sus cabecillas, preso a finales de enero de 2014, o Enrique Plancarte Solís, abatido a tiros en abril pasado. Puras afirmaciones sin argumentos; actuación mediocre.
Sin embargo, el propio funcionario reconoció que todavía siguen prófugos tres líderes del grupo, cuyos nombres no reveló. Entre otros Servando Gómez Martínez, la Tuta, cabeza de la organización y quien cobró notoriedad a mediados del mandato de Felipe Calderón, cuando llamó a las autoridades federales a entablar un pacto para poder continuar con sus actividades.
Sergio Bárcena, académico del Tec de Monterrey, afirmó que los golpes a Los Caballeros Templarios abren espacio a otras organizaciones criminales que también deben ser enfrentadas. Éste es un elemento que no figuraba en la estrategia y que merece atención, dijo en entrevista.
El ex comisionado expresó que a un año de que inició el operativo en Michoacán, los problemas de la entidad son más de “conflictividad social” que de seguridad pública. Persisten, dijo, las tensiones entre líderes locales fundadores del movimiento de autodefensas, formado en 2013 para hacer frente a Los Caballeros Templarios y otras organizaciones delictivas. Este conflicto no quedó resuelto. Tampoco el gobierno enfrentó al crimen organizado como sí lo hacían las autodefensas.
No supo explicar, mucho menos aceptar su responsabilidad en el enfrentamiento ocurrido en los últimos días de 2014 entre los grupos encabezados por los exautodefensas Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, el Americano, en La Ruana, municipio de Buenavista, un incidente que causó la muerte de nueve personas.
Castillo dijo entonces que el enfrentamiento —por el cual Mora y Torres permanecen detenidos— se debió a diferencias entre ambos líderes locales. Mientras tanto, otro fundador del movimiento de autodefensas, José Manuel Mireles, está preso desde junio tras negarse a dejar las armas, aunque su defensa y sus partidarios consideran que se le arrestó por motivos políticos
Cuestionado sobre estos hechos, el comisionado declaró que fuera de ellos la transición de los grupos de autodefensa a cuerpos de policía rural registrados por las autoridades en general ha sido pacífica.
Al respecto, Bárcena comentó que “parecía ya un tema, un asunto concluido, pero los eventos recientes en La Ruana y la supuesta entrega voluntaria de estas personas que estuvieron involucradas en la balacera plantea que la relación entre autodefensas y gobierno federal no está por completo resuelta”.
Todo parece indicar que la estrategia para pacificar Michoacán es a largo plazo. El gobierno federal, igual que el de Felipe Calderón ha privilegiado la táctica, la reacción, a los trabajos de prevención e inteligencia. En realidad, no existe una estrategia, dijo en entrevista el académico Javier Oliva, especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Aunque sin autocrítica de por medio frente al abandono del gobierno federal desde el dicharachero e ignorante Vicente Fox, el senador panista Salvador Vega Casillas cuestionó que el gobierno federal no haya dado a conocer indicadores claros para evaluar el desempeño del comisionado, ni una fecha para dar por terminado el operativo en Michoacán.
Quedó intacta la corrupción, que no se combatió y más bien pareció que se prohijaron los nexos de políticos con presuntos criminales, como se documentó con la caída de Jesús Reyna, exgobernador interino y exsecretario de Gobierno; Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, así como los presidentes municipales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Aguililla y Huetamo. No se cumplió con el objetivo principal de promover el desarrollo económico y social y hay pobreza y desempleo, delincuencia e inseguridad.
Un reflejo de que en Michoacán no cambiaron las cosas es que a una semana de haber dejado el estado y su puesto como comisionado para pacificar la entidad, cuando se suscitó un enfrentamiento del Ejército con un grupo de hombres armados, ocurrido la madrugada de este viernes en Michoacán, causó la muerte de dos militares, las primeras víctimas tras el cambio de estrategia de seguridad en el estado. Todo sigue igual, pese a las buenas intenciones.
