Tras la puerta del poder
Impunidad y provocación
– Los militares son hoy retenidos y asediados, agredidos y cuestionados por estos elementos
– Manlio Fabio Beltrones anunció que casi está lista la nueva Ley de ahorro y crédito popular
Roberto Vizcaíno
Hace apenas un par de semanas pensamos que las tropelías de la Ceteg y de otros grupos populares entre quienes están aquellos que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa habían llegado a su fin.
Pero no. El desalojo de estos grupos de las casetas y la autopista por parte de la Policía Federal fue flor de un día.
Poco después el famoso comandante Espartaco – José Luis Solís López-, era retenido por habitantes de Petaquillas, Guerrero junto con policías Federales que se transportaban en 5 camiones, para finalmente ser intercambiados horas más tarde por dos policías comunitarios que habían sido detenidos por el Ejército.
Los agentes iban pertrechados con equipos antimotines para contener a quienes pretendían tomar la carretera cuando fueron rodeados por los pobladores de Petaquillas.
A este evento le siguió la retención de al menos dos convoyes del Ejército en otros poblados de la región.
Ayer, justo en la celebración del Día del Ejército, la escalada contra los militares subió.
Según los reportes, un grupo de embozados y encapuchados que se trasladaban en 4 autobuses llegaron hasta las instalaciones de la 35 Zona militar en Chilpancingo y arremetieron lanzando piedras en contra de edificios, vehículos y personal con hondas, resorteras y petardos.
En especial se ensañaron en contra de los edificios que albergan el área de habitaciones donde el personal de la zona vive con sus familias.
Luego de apedrear y lanzar consignas e injurias contra el personal de la 35 zona militar, los agresores subieron a sus camiones y continuaron con “rubo desconocido”.
La única reacción fue colocar más elementos de la policía militar frente a los edificios apedreados.
SECUESTRO
Un día antes los maestros de la Ceteg y miembros del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, FUNPEG, que mantienen un plantón desde hace 4 meses en el centro de Chilpancingo, se habían presentado a las instalaciones de la Coca Cola en esa ciudad a fin de exigir el retiro de una demanda interpuesta por la empresa y que llevó a la policía a la detención de 3 maestros.
La empresa había levantado una denuncia por el saqueo y secuestro de una de sus unidades de reparto de refrescos luego que la policía detuvo a Francisco Ángel Guerrero Honorato, de 20 años, José Armando Vázquez García, de 21, y José Morales Pinto, de 32 en el momento en que robaban el camión.
En respuesta los maestros decidieron llevarse a 2 ejecutivos de la empresa multinacional para retenerlos como rehenes en su campamento e intercambiarlos por los maestros detenidos.
En el rescate de los ejecutivos intervinieron una veintena de policías estatales quienes fueron rechazados por los normalistas y maestros. Los agentes pidieron refuerzos e intentaron ingresar nuevamente al plantón en el centro de Chilpancingo, pero maestros y normalistas los volvieron a rechazar luego de una refriega de casi media hora en que se lanzaron piedras, cohetones y gases lacrimógenos.
El enfrentamiento provocó daños en la zona y el cierre de negocios lo que motivó la intervención del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno quien gestionó la liberación de los normalistas detenidos a los cuales llevó al plantón de la Ceteg para obtener a su vez la liberación de los ejecutivos de la refresquera.
ESCALADA
Los acontecimientos advierten una escalada en las acciones de los grupos antisistema. Es obvio que en Guerrero los de la Ceteg y normalistas –liderados por miembros del EPR y/o ERPI-, no sólo han logrado anular a la autoridad castrense.
El acoso a militares y el desdén mostrado a las acciones de la Federación apuntan a una abierta provocación, desafío contra el Estado.
Frente a estos acontecimientos y a la amenaza que representan, el todavía presidente de la Cámara de Diputados Silvano Aureoles, pidió a normalistas y maestros guerrerenses “parar los hechos de violencia”.
La “toma” de rehenes y amenazas a políticos y funcionarios”, dijo, no los va a llevar a ningún lado.
“No ayuda en nada la ruta de la confrontación y la violencia verbal y física”, advirtió.
Agregó:
Hay que detener la violencia y restablecer el Estado de Derecho en Guerrero, subrayó.
Nosotros preguntamos, ¿en verdad las instituciones de inteligencia del Estado –civiles y militares- todavía no saben quiénes son quienes mueven esta escalada en Guerrero?, ¿por qué no se actúa?, ¿en verdad son los analistas e investigadores del Gobierno tan ineptos?
En fin.
RESPUESTA LEGISLATIVA
El diputado sonorense Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los legisladores del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política adelantó ayer que prácticamente se tiene ya consensado una reforma para regular y vigilar a las entidades de ahorro, y de financiamiento popular.
Indicó que esta reforma, que podría salir ya aprobada en los siguientes días, es una respuesta al daño provocado por el caso de FICREA donde se dañaron a centenares de ahorradores, muchos de ellos jubilados.
Si bien el de FICREA es un caso aislado, dijo, las autoridades deben asegurarse de que no se vuelva a repetir.
“Por ello, en la Cámara de Diputados trabajamos de inmediato en un diagnóstico del sector de ahorro y crédito popular para detectar sus fortalezas y debilidades, de modo que modernicemos su marco jurídico a la luz de la experiencia reciente.
“Tenemos listo un proyecto de nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, acompañado por reformas de diversas disposiciones que regulan el ahorro bancario y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, lo estamos trabajando junto con el Senado de la República.
“Estamos proponiendo establecer acciones concretas para atender a los ahorradores de FICREA con un sentido de equidad, y reformas legales que eviten que esta triste historia se repita.
“Con estas reformas intentamos crear un Fondo en beneficio de los depositantes en Sociedades Financieras Populares en estado de disolución y liquidación, como FICREA, con ahorros hasta por un millón de pesos, para que recuperen el importe íntegro de sus recursos.
“Lo que buscamos con esta nueva propuesta, de crear un Fondo, es cubrir a más del 80% de los ahorradores de las sociedades financieras populares en liquidación en el futuro, lo que no es posible hacerlo –el día de hoy– si no tenemos estos cambios legales que proponemos.
“Además queremos que se amplíen las acciones regulatorias y la supervisión de las autoridades financieras mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el nuevo Instituto de Protección al Ahorro, de tal modo que se detecte con oportunidad cualquier falla o irregularidad que pueda dañar a los ahorradores y se actúe a tiempo para evitar quebrantos como el de FICREA.
“También contemplamos reformas al Código Federal de Procedimientos Penales para tipificar con precisión los delitos financieros de ese tipo y castigarlos con mayor rigor.
“En resumen, lo que buscamos con las reformas que proponemos, es imprimir una visión social a la protección del patrimonio de los pequeños ahorradores, con el propósito de ampliar el acceso y la confianza en los servicios financiero, alentar el crecimiento económico y evitar los fraudes que han sufrido cientos de familias mexicanas”, precisó.
