Javier Divany Bárcenas
El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Kamel Athie Flores (PRI), rechazó que con el dictamen sobre la Ley General de Aguas busque privatizar el vital líquido, el cual consideró como un tema de seguridad nacional, bajo la rectoría del Estado.
Ante los medios de comunicación, dijo que lo que se busca con la Ley dar a los municipios el privilegio de abastecer del líquido a sus habitantes, y negó que tampoco la Ley de Bienes Nacionales, que sería el otro instrumento mediante el cual se pudiera privatizar.
Señaló que el uso del vital líquido es un derecho humano y que “en esta iniciativa contamos con el aval del PAN, del PVEM, y también contiene múltiples observaciones de compañeros del PRD, que nos acompañaron en la iniciativa desde un principio y que horas antes de poder discutirse en comisiones unidas, por razones que desconocemos, pero que respetamos, decidieron ya no seguir con el proyecto”.
Athie Flores aseguró que el objetivo de esta iniciativa es cumplir con un mandato constitucional del 8 de febrero del 2012, donde se reconoce el derecho al agua como un derecho humano.
Recordó que hay cerca de nueve millones de mexicanos se encuentran en una situación crítica respecto al agua, en zonas rurales y urbanas, y que a ellos se dirige esta ley, para que tengan acceso al vital líquido.
Además de que en las tres zonas metropolitanas más grandes del país tienen deficiencias, como en Iztapalapa, en el Distrito Federal, donde no se cuenta con un suministro permanente, las 24 horas, con agua de calidad, por la falta de nuevos proyectos que en esta ley si se contemplan.
“La ley garantiza a los 113 millones de usuarios que ahora reciben agua que tengan la misma dotación que regionalmente se tiene establecida, pero además que en el mediano y largo plazo tangan seguridad de que nos les va a faltar el vital líquido”, aseguró.
Aclaró que privatización no se debe identificar con la prestación de algunos servicios que tienen los organismos operadores y como ejemplo, mencionó que en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México existen cuatro empresas que prestan diferentes tipos de servicios y que fueron contratadas desde que Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno.
“Esto no quiere decir que sea una mala medida, yo creo que López Obrador vio que con esto el sistema de aguas de la ciudad podía ser mucho más eficiente”, expresó.
Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz del PRD, afirmó que el dictamen que se elaboró sobre la Ley General de Aguas, la privatiza y se trasgrede el derecho humano a este vital líquido.
Dijo que “es ignominioso e impuesto” desde Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, ya que “trasgrede, más que hacer valer, el derecho humano al agua”.
Aseguró que en los artículos 10, 24, 81, 94, 95, 116 y 236, “se dispone a que los diferentes niveles de gobierno, en sus ámbitos de competencia, inviten a la iniciativa privada a las diferentes áreas de operación, distribución, de lo que implica este vital líquido”.
Aleida estuvo acompañada de los diputados perredistas José Luis Muñoz Soria, Socorro Ceseñas Chapa, Javier Orihuela García y Alejandro Sánchez Camacho.
Además de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como Rafael Huizar, del Instituto de Geología; Adrián Ortega, responsable del Laboratorio Móvil de Rastreo de Contaminantes del Subsuelo del Centro de Geo-ciencias, y Joel Carrillo Rivera, del Instituto de Geografía.
María del Carmen Carmona, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no estuvo presente pero envió un mensaje, en el que adelantó que entregarán al rector, José Narro Robles, cinco mil 500 firmas, a fin de que promueva una discusión pública y abierta sobre el tema.
Por su parte, el diputado Sánchez Camacho, aseguró que el grupo parlamentario del PRD se declaró en alerta máxima ante la posible aprobación de la Ley General de Aguas, y anunció acciones pacíficas de rechazó dentro y fuera de la Cámara de Diputados, a lo que consideró como la privatización de este líquido.
“Vamos a tener acciones de resistencia civil pacífica, estamos convocando a una concentración mañana, a partir de las 10 de la mañana en el exterior de la Cámara de Diputados, y al interior va a haber sorpresas en el recinto legislativo”, anunció el diputado Alejandro Sánchez Camacho.
Aleida Alavez adelantó que, durante la discusión de ese dictamen en el Pleno, presentará una moción suspensiva.
“En caso de que se consuma este intento de atraco a la nación, que pone en riesgo la soberanía nacional, vamos a recurrir, en todo caso, a un proceso legal que es una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, sostuvo.
