Yo Campesino
Miguel A. Rocha Valencia
Dicen quienes saben que si todo el “dinero negro” que reciben diversos funcionarios del Gobierno del DF (extenderíamos la propuesta a nivel federal), se incorporara al presupuesto del GDF, el cual asciende a 169 mil 222 millones 623 mil 302, alcanzaría para evitar un mayor endeudamiento que registra un promedio de cinco mil millones anuales.
Pero además y en virtud de que tales recursos se generan en base a la corrupción, podría mejorarse la recaudación y depender un poco menos de las participaciones federales que recibe el GDF por poco más de 78 mil 73 millones de pesos.
El fenómeno se puede ejemplificar claramente con el transporte público concesionado donde existen según fuentes del propio Instituto de Verificación Administrativa que preside Meyer Klip, 135 mil taxis sin itinerario fijo y 145 mil unidades colectivas, amén de una cantidad respetable de transportistas de carga y especializados.
Al margen de estos existen también unas 30 mil unidades “pirata” que utilizan cromáticas oficiales como si fueran tolerados y otros más, placas dupli y hasta triplicadas que circulan “protegidos” por organizaciones con perfiles políticos o por líderes con “padrinos” en el poder, como sería el caso de Los Pantera, cuya “marca” duplicó el número de agremiados.
Para empezar, el INVEA no checa, permite ya sea por omisión, complacencia o incapacidad, disfrazados de “buena fe”, que las unidades cumplan con requisitos básicos como cromática y los conductores con la actualización de licencias-tarjetones, lo cual se ha convertido en un gran negocio de corrupción y al mismo tiempo de baja en los ingresos por concepto de ambos trámites en por lo menos un 25 por ciento.
Eso permite y hasta estimula la aparición de unidades pirata que a su vez se traduce en inseguridad, con focos rojos en delegaciones como Tlalpan, Tláhuac, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero, donde el asalto en transporte va en incremento sobre todo contra damas.
Tras ello están líderes que según afirma el propio personal de inspección del INVEA, están “apalabrados” con funcionarios del instituto y entregan diversas cantidades que a su vez se traducen en cuotas que piden a los choferes para no ser molestados incluso en la creación de bases de taxis y “peseros”.
Hasta los “pirata” pagan cuota como los que operan en el Ajusco a quienes se les dio oportunidad de bajar pasaje, pero no subir y no obstante la restricción, circulan por donde les viene en gana, incluso con unidades reportadas como robadas, pero como no los puede interceptar la policía, son protegidos por los 49 inspectores del INVEA que aún quedan y que como es obvio, se “están hinchando”.
Total que los mal pensados afirman que si se ponen 100 pesos de cuota a la semana por cada una de las casi 300 mil unidades de transporte público concesionado, el resultado en “negro” son muchos millones de pesos.
Pero ese es sólo uno de los negocios que tienen qué ver con la movilidad, pues está el que se genera en el Metro donde no sólo se gasta en una supuesta “ayuda” para los vagoneros desplazados, sino que además, esos vendedores continúan en mayor cantidad invadiendo convoyes de ese transporte.
Ahora incluso se apoderan de andenes y pasillos con puestos fijos, semifijos, mantas, y los espacios que quedan, se concesionan “oficialmente” a un solo inquilino (generalmente un lidercillo) para que este a su vez los comercialice.
Sí al igual que al concesionario de anunciar en los espacios y estaciones del propio Metro y el Metrobús. Aquí también se habla de muchos dinero, no menos de 40 pesos por cada vagonero y ambulante.
Son negocios que suman dicen, miles de millones anuales, eso sin contar lo que ocurre en la Central de Abasto y el comercio callejero, incluyendo los “tianguis” que en realidad deben contarse aparte, pues ahí el negocio incluye lavado de dinero y presencia de cárteles de crimen organizado sobre todo en sus modalidades de extorsión y secuestro.
