Yo Campesino
Miguel A. Rocha Valencia
Como se esperaba los políticos, esta vez los que se visten de legisladores, cumplieron con su misión: causar una discusión de altos decibeles, hacer escándalo, llamar la atención, disfrazarse de próceres anticorrupción y al final crear un Sistema con todo y la trampa para que todo lo que se haga, no los alcance a la hora de portarse mal incluso robarse el dinero del pueblo y hacerlo (dinero) incurriendo en actos corruptos. Aún falta una parte de este circo armado en varias funciones donde PRI y su apéndice verde-azteco, habrá de generar la reglamentación respectiva que dará a luz ocho nuevas leyes; la “armonización” o ajuste de 14 vigentes y tres ordenamientos pendientes de dictaminar por el Congreso de la clase política que nos gobierna.
Es decir con todo y la aprobación, seguimos como de costumbre, lo cual será aprovechado por dos que tres cínicos para acumular un buen cochinito o al menos librar el actual periodo electoral. Aunque para el caso es lo mismo.
Por ejemplo a ninguno de los altos dignatarios se le quita el fuero, empezando por quien hace el juego, los legisladores (pos ni modo que se dieran un balazo en el pie), alcaldes, gobernadores y desde luego, el Ejecutivo Federal. Ni uno de ellos está obligado a presentar o hacer pública su declaración patrimonial.
No lo dice la ley, pero podrán seguir enriqueciéndose justificada o inexplicablemente, pues la Auditoría Superior de la Federación quedó igual, chimuela y sólo podrá hacer investigaciones del gasto presupuestal “en tiempo real” para planear auditorías futuras, pero no tendrá capacidad ¡de nada! si encuentra como siempre, irregularidades, abusos de funcionarios, alcaldes, gobernadores o del Ejecutivo federal.
Tampoco se pone límite al “gasto” de comunicación social ni se instrumentan medios para vigilar su ejercicio. No se precisan mecanismos para sancionar corrupción del poder Judicial ni los esquemas de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero tanto del crimen “común” como del dinero “negro” que por concesiones, ambulantaje y otras prácticas, llega a funcionarios públicos.Al igual que la Auditoría Superior de la Federación, la secretaría de la Función Pública no cuenta con atribuciones sancionatorias ni se crearon mecanismos para evitar compras “inexplicables” de bienes por parte de funcionarios, ni los “moches” que se presumen en estas prácticas.Como se ve, quedan los nichos abiertos a la corrupción y por ende al otorgamiento de impunidad desde lo más alto del poder.Ayer lo comentábamos. La clase política actualmente en el gobierno, no se iba a colocar la soga al cuello ni se iba a poner topes a la posibilidad de asegurar su futuro financiero incluyendo el de varias de sus generaciones.Porque si de verdad quisieran combatir la corrupción, lo harían con lo que hay, sin necesidad de gastar tanta saliva y dinero en los debates actuales en que no llegan a nada que no sea la voluntad de las mayorías, en este caso del PRI y su apéndice azteco.De tal suerte que a pesar de que se creen las nuevas leyes, se “armonicen” otras y se dictaminen las que faltan, nada va a cambiar. La corrupción nace en el poder y la impunidad sólo se otorga desde ahí. No hay vuelta de hoja. Claro algunos que no se formen “por la derecha” y no nos referimos a las filas panistas, deberán pagar consecuencias que justifiquen el nuevo bodrio anticorrupción.
