El pasado 15 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México publicó la primera regulación en América Latina para compañías prestadoras de servicios de transporte privado a través de aplicaciones móviles, tal como Uber y Cabify.
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Con ello culmina el diálogo y los debates organizados por el Gobierno del DF (GDF), en donde participaron los distintos grupos de interés y expertos en movilidad, para analizar el posible aprovechamiento de la economía colaborativa para mejorar la movilidad de la capital. Sin duda, la reciente regulación debe elogiarse en el sentido de que finalmente otorga certidumbre a los actores involucrados en este mercado, sigue hasta cierto punto la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica y beneficia a los consumidores. Sin embargo, vale la pena analizar brevemente algunas de las disposiciones en términos de competencia e incentivos a la innovación.
Con la nueva regulación, tanto Uber como Cabify, así como cualquier otra empresa similar que administre los servicios privados de transporte, tendrán que pagar licencias de operación (con un costo de $4,617.50), pagos anuales por pertenecer a la revista vehicular ($1,607.50), así como los permisos correspondientes por auto ($1,599).
Aunado a estas cuotas, las empresas como Uber y Cabify tendrán que aportar el 1.5% de sus ingresos, a un “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón” con el objetivo de mejorar las condiciones del transporte en el DF, lo cual será parcialmente utilizado para “mejorar” el servicio de los taxis de la ciudad. Ante ello, existen preguntas importantes que el gobierno tendrá que resolver en los próximos meses, tales como: ¿quién más aportará al Fondo?, y ¿a quién y bajo qué criterios se repartirá este dinero? ¿Cuál es la justificación de una tasa del 1.5%? ¿Qué problemas soluciona una tasa de esta naturaleza? Si no se consiguen resolver estas preguntas, se abre la posibilidad de que dicho fondo constituya una fuente más de gasto público opaco, con incentivos clientelares y poco eficientes. Por último, los vehículos utilizados en estos servicios de transporte privado tendrán que cumplir con requisitos superiores a los exigidos para los taxis convencionales, lo que se traduce en barreras artificiales para la entrada de nuevos competidores (por ejemplo, el tener un valor de factura de origen de al menos 200 mil pesos).
La regulación de Uber y Cabify resulta poco competitiva, con perspectivas de corto plazo, y no incentiva la innovación ni el mejoramiento en la calidad general del transporte público particular en la ciudad. Además, los requisitos y restricciones están acotados a modelos operativos específicos, sin considerar que mínimas variaciones en la operación podrían no estar sujetas a este marco normativo. Finalmente, la propuesta del GDF parecer ser una regulación con el fin primario de solventar una situación coyuntural de conflicto entre los grupos de interés, tratando de proteger tanto a taxistas como a empresas, queda pendiente a futuro abordar los verdaderos problemas del transporte público de la Ciudad y el resto de la zona metropolitana.
