DF, México.– La negación del gobierno de Enrique Peña Nieto ante la situación que impera en nuestro país en materia de derechos humanos, no contribuye a buscar soluciones; por el contrario, perpetua la impunidad y, con ello, la repetición indefinida de estas graves violaciones, advirtió la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna.
La legisladora recordó que el gobierno de Peña Nieto ha señalado que no acepta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya que “no refleja la situación del país”, cuestionando que éste se haya elaborado en los 5 días que duró la visita y a partir de casos particulares.
“Negar la realidad no nos ayuda en nada, descalificar las críticas tampoco, invisibilizar a las víctimas menos, transformemos nuestro discurso y nuestras acciones y demostremos nuestro compromiso real con los derechos humanos más allá de los discursos y de las expresiones intolerantes y absolutistas”, subrayó.
A consideración de la senadora, el gobierno federal debe actuar con mayor responsabilidad al emitir este tipo de respuestas, debe saber que las conclusiones de la CIDH no están sustentadas en un trabajo de “5 días” como lo refirió el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa; “este informe preliminar tiene datos y conclusiones que se sustentan en la información que de forma permanente se hace llegar a este organismo por parte del propio Estado mexicano, las víctimas de las violaciones a derechos humanos, así como las organizaciones de la sociedad civil, quienes a través de comunicaciones, informes y audiencias mantienen informada a esa instancia internacional sobre lo que ocurre en nuestro país”.
Refirió que el informe preliminar también tiene sustento en las 23 audiencias públicas que durante el actual sexenio se han realizado en la CIDH sobre la situación en materia de derechos humanos en México; y se sustenta también en las 130 peticiones de casos mexicanos que se encuentran en discusión ante este organismo, así como de las innumerables medidas cautelares solicitadas y dictadas por esa instancia para proteger y salvaguardar los derechos humanos de las y los mexicanos.
“No debemos olvidar, que las observaciones hechas por la CIDH coinciden con lo señalado por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU quien refirió que en este país hay‘una situación de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio’ y coinciden también con lo señalado por el Relator sobre Tortura quien concluyó que la tortura es una ‘práctica generalizada’; así como lo señalado por el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias quien concluyó que la impunidad por los homicidios es generalizada”, sentenció.
Padierna Luna consideró que el Informe preliminar elaborado por la CIDH no tiene un fin político, es un instrumento que nos permite identificar de forma puntual dónde están los principales problemas que requieren una actuación urgente y decidida por parte del Estado Mexicano en su conjunto, no sólo por el Poder Ejecutivo federal.
“Por ello resulta fundamental que no cerremos los oídos ni los ojos a la realidad que todos los días percibimos y que instancias internacionales nos recuerdan con sus informes y conclusiones, en nada abona a consolidar nuestro estado de derecho y a fortalecer nuestras instituciones la negación sistemática y pragmática de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo”, reiteró.
La también integrante de la Comisión de Justicia afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha servido a través de este informe preliminar como un mensajero para resaltar de la grave situación que viven muchas personas en nuestro país, sobre todo aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, “no ataquemos al mensajero, como lo dijo el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mejor entendamos el mensaje, convirtámoslo en acciones concretas y positivas y dejemos atrás esos discursos defensivos que sólo evidencia el carácter intolerante y autoritario de quienes los profieren”.
“El Estado mexicano debe transformarse, debe modificar estructuralmente la cultura prevaleciente de abuso y violaciones a los derechos humanos. Es momento de colocar, más allá del discurso, como prioridad el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos”, concluyó.
