Palestra
Rodrigo Ramón Aquino
Adriana Martínez Salazar sabe que no puede ser regidora del ayuntamiento de Chiapa de Corzo y directora del Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo al mismo tiempo, pero hace como que San Sebastián le habla y desde el 1 de octubre del año pasado ejerce la doble función pública.
Lo anterior no es legal, la población sabe que de acuerdo a Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas (última reforma publicada en el periódico oficial número 152 de fecha 27 de noviembre de 2014, mediante decreto número 040):“El desempeño de un cargo de los señalados para integrar los ayuntamientos es incompatible con cualquier otro de la Federación o del Estado” (esta falta debe ser sancionada incluso con la inhabilitación como servidora pública).
De esta duplicación tienen conocimiento Juan Carlos Cal y Mayor, director general del Coneculta y el ayuntamiento de Chiapa de Corzo (porque de qué otra forma se explica que Adriana no aparezca en el directorio del consejo cultural, pero sí ejerza y cobre por ambas labores).
El malestar de la ciudadanía radica, principalmente, en la pérdida de rumbo del Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo. Los chiapacorceños orgullosos de sus tradiciones ven un vacío en la promoción y difusión y un riesgo físico para el inmueble, pues se sabe que es destinado a eventos políticos pagados sin que se reporte el ingreso.
Algunos empleados han manifestado su descontento por la forma grosera de conducirse y la explotación laboral de la que algunos son objeto (obliga a realizar pintas en laca y tejidos tradicionales para su propio beneficio).
Si ya es regidora, que se dedique a eso, porque seguro es que por más malas decisiones que tome en ese puesto político, los daños siempre serán menores al ocasionado a la cultura de un pueblo que vive de ellas. La aculturización es un peligro con serias repercusiones sociales. Hay que poner en el exconvento a un perfil nativo, que conozca, quiera y pueda.
ÁGORA
De Hoja de Apuntes, de Enrique Alfaro Santos: “En Oxchuc la degradación política se manifiesta en toda su magnitud: El PRI y el PVEM han mantenido el cacicazgo de un matrimonio que viola la Constitución al mantenerse en el poder municipal simplemente alternándose. Los responsables de la operación política en el estado han denigrado a tal grado su labor que ya acostumbran a detener a quienes convocan a negociar y nuevamente se acepta catafixiar elementos de seguridad por líderes políticos detenidos, como sucedió en la más reciente movilización magisterial. Y todo indica que en Oxchuc se impondrá la solución de la fuerza por sobre la solución política en un problema que ocasionaron principalmente el PRI, el PVEM y los responsables de la operación política en el estado. Y también le toca responsabilidad al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por permitir el registro y validar la candidatura de la actual alcaldesa cuando era de dominio público que seguía siendo la esposa del exalcalde. El resto de los partido políticos también se hicieron “patos” con este registro.
CORRILLO
Del conflicto en Oxchuc, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se manifestó por respetar a las autoridades electas y rechazó la creación de un Concejo Municipal: “La democracia es tolerancia y ahí el que pierde debe aceptar y el que gana debe sumar”.
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