- Nada de lo prometido se ha cumplido ni se cumplirá porque todo fue un engaño para despojar del petróleo a los mexicanos
- Quienes tienen a la principal empresa de los mexicanos en situación crítica deben responder
El diputado Julio Saldaña Morán urgió a reformar la reforma energética porque tal como la impuso y la instrumenta el gobierno está muy lejos de representar un beneficio para la gran mayoría de mexicanos y, por el contrario, se ha confirmado como uno más de los grandes despojos que se perpetran contra la nación.
“Desde antes de su aprobación –dijo- advertimos que era una reforma encaminada a privatizar la industria petrolera para beneficiar a unos cuantos políticos y empresarios asentados en el país y aliados con otros del extranjero, sin importar que para ello afectaran la economía nacional del presente y del futuro”.
Agregó que el tiempo le dio la razón al PRD y a las fuerzas democráticas que, en su momento, advirtieron de este despojo, pero lo más agraviante para los mexicanos –señaló- es que al partido en el poder y a sus aliados no les bastó el disfraz de legalidad.
Ahora, a esa entreguista reforma impuesta irregularmente en el Congreso, se suma una aplicación ajena a esa misma legalidad, como el hecho de marginar a PEMEX de las adjudicaciones a que tenía derecho -de lo cual ya dio cuenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF)- y el arbitrario recorte a su presupuesto.
Recordó que PEMEX contaba con asignaciones que le permitían Reservas 3P (Reservas Posibles) de 44 mil 500 millones de barriles de petróleo, y Recursos Prospectivos Convencionales por 54 mil 500 millones de barriles.
Sin embargo, el gobierno federal, a través de las Secretarías de Energía y Hacienda, en la llamada “Ronda Cero” redujo las reservas 3P a 31 mil 500 millones de barriles, y los Recursos Prospectivos Convencionales a 20 mil 700 millones, en tanto los No Convencionales los redujo de 60 mil 200 millones a sólo cinco mil 200 millones.
Recién la ASF señaló, en el Informe del Resultado del Análisis de la Cuenta Pública 2014, que la asignación de sólo 96 títulos podría poner en riesgo la producción de PEMEX para garantizar el avance de su prospectiva de producir 2 millones 500 mil barriles por día de petróleo.
Así, contraviniendo el Artículo 6º Transitorio de la Reforma Constitucional en Materia Energética, el Consejo de Administración de PEMEX obligó a la empresa a reducir la cantidad de campos a que tenía derecho en su solicitud de asignaciones, con el argumento de que no contaba con recursos financieros ni tecnológicos para operarlos.
Más recientemente, con el pretexto de la devaluación del peso y la caída del precio internacional del petróleo, se le redujo en 100 mil millones de pesos el presupuesto a la empresa, mientras por otra parte ya se le había obligado a endeudarse en cinco mil millones de dólares.
En paralelo, se le extrae la mayor parte de ganancias que genera mediante el cobro de impuestos para impedir que reinvierta en mantenimiento y nuevos proyectos y, como consecuencia lógica, ahora se concreta el recorte de su producción en 100 mil barriles diarios, tal como lo había previsto la ASF.
“Uno tras otro los golpes contra PEMEX: con todas estas acciones, se busca quebrantar a la principal empresa mexicana, la que llegó a aportar hasta 40 por ciento del presupuesto nacional, para dejar la exploración, la extracción y la refinación del crudo completamente en manos de empresas privadas”.
Advirtió que no obstante su propia responsabilidad por su malintencionada administración, el gobierno pretende echarle la culpa a la misma empresa y a los trabajadores, bajo el pretexto de que son ineficientes, esgrimiendo como prueba aquello que ese mismo gobierno provocó, es decir, la disminución del volumen de producción, tanto en el presente como para el futuro.
Acusó al gobierno de emprender una campaña de desprestigio en medios de comunicación contra la empresa y sus trabajadores para justificar el masivo despido de personal que pretende, cuando claramente son sus directivos y los secretarios del gobierno federal participantes en su Consejo de Administración los responsables, por lo que son quienes deben responder por ello.
Esa campaña de desprestigio quiere hacer suponer que PEMEX ha sido incapaz de generar los recursos que requiere para ser rentable y, como no es aceptable que se le rescate con recursos de los contribuyentes, hay que obligarle a aliarse con algunos empresarios.
Pemex, ciertamente, no debe ser rescatada con recursos de los contribuyentes –porque eso no es posible si ella en sí aporta, incluso en las actuales circunstancias, la quinta parte del presupuesto nacional-, pero tampoco con supuestos empresarios que muchas veces no tienen los recursos que dicen tener y que luego obtienen mediante préstamos o sustracciones indebidas, incluso de la misma hacienda pública, sino mediante la reforma a su régimen fiscal, de modo que se le deje a PEMEX mayor proporción de los recursos que genera para su propia capitalización.
Éste –concluyó Saldaña Morán- es uno de los aspectos que debe contener la reforma a la reforma energética impuesta por el gobierno y sus aliados
