- Inadecuado marco jurídico, inapropiada arquitectura e insuficiente presupuesto para atender la violencia de género
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico. Oaxaca.- La “ventanilla” de atención a la violencia de género contra las mujeres es un asunto pendiente, al menos por tres razones importantes: el marco jurídico –aunque se ha avanzado- sigue siendo inadecuado; la estructura o arquitectura institucional es inapropiada, y el presupuesto es insuficiente, además de estar mal diseñado.
El resultado es la ineficacia en la atención a las víctimas y en consecuencia el alto Índice Global de Impunidad, que en este país alcanza el 75.7. México ocupa el lugar 58 de una lista de 59 países, como refiere un estudio de Universidad de las Américas Puebla y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia.
Empeoran el escenario la falta de sensibilidad social y política frente a la violencia contra las mujeres; evidenciada en una opinión pública ignorante y superflua a la que no hemos sabido educar; la ausencia de propuestas al respecto en las plataformas de los partidos políticos y la reproducción de políticas públicas que favorecen y extienden las desigualdades de género y la discriminación de las mujeres, dice en ese sentido Norma Reyes Terán, coordinadora general de la Agencia para el Adelanto de las Mujeres.
Ella, quien junto con un pequeño grupo de feminista ha elaborado un diagnóstico de la situación de las mujeres en Oaxaca, y ha puesto especial énfasis en el sistema de justicia, sostiene que es indispensable la armonización legislativa, en el caso local, entre los instrumentos internacionales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se trata, explica la ex diputada federal y ex directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, de garantizar la protección de las mujeres y el diseño de una política global que actúe en contra del fenómeno de la violencia, a través de medidas integrales. Hasta ahora, dicha armonización se está llevando a cabo de manera simplista y la mayoría de las veces de forma equivocada.
En ese sentido, la abogada Bárbara García Chávez refiere que la mejor mejor prevención contra la violencia es tomar decisiones políticas. La modificación real de la estructura social, pero sobre todo eso que llamamos costumbre o cultura y que ha normalizado la violencia, solo es posible garantizando el derecho a una vida libre de violencia de género a mujeres y niñas, y la única forma de hacerlo es construyendo y fortaleciendo instituciones que junto con la ciudadanía rechacen la impunidad.
Reyes Terán, entrevistada por separado, coincide con García Chávez, quien sostiene que efectivamente, hemos planteado un cambio cultural, pero el cambio y la garantía de los derechos de las mujeres solo podrá darse mediante el cambio político, en el caso de las estructuras de justicia y de prevención de la violencia contra las mujeres.
Casos emblemáticos
“Alejandra” fue agredida por su ex novio, quien se metió a su domicilio a las 6 de la mañana del sábado 26 de marzo. Ella refiere que su ex pareja trató de abusar sexualmente de ella y como no lo consiguió la golpeó provocándole moretones en la cara, lesiones en distintas partes del cuerpo, como marcas en su cuello pues pretendió ahorcarla.
Desde las 08.30 horas se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, para interponer una denuncia. Después de cuatro horas fue atendida por la psicóloga Balbina Tomas, quien le indicó: “piensa muy bien lo que vas a hacer, porque es un proceso largo y tardado, yo te recomiendo que lo arregles por fuera, porque nosotros no tenemos cómo brindarte protección”.
Te imaginas, dijo la psicóloga, tendríamos que ponerle un policía a cada mujer que sufre violencia y pues eso no se puede”.
Varias horas después el secretario del Ministerio Público, quien nunca llegó a laborar porque era un día festivo, le tomó su declaración pero lo advirtió que no iba a pasar nada, que necesitaba testigos para continuar la denuncia.
Señaló que si el proceso había sido tardado era porque habían acudido en sábado y además era “un día feriado”.
“Alejandra” tiene miedo. Desde ese día apenas duerme, pues su agresor no ha sido ni siquiera molestado, en cambio ella ha tenido que ratificar la denuncia y al final de abril tendrá que presentar testigos de la agresión e investigar si éste había estado tomando antes de acudir a su casa. Señala que tal vez si la hubieran matado, al sistema de justicia consideraría que tiene pruebas suficiente.
Pero de acuerdo con Zoila Bengoechea eso tampoco es garantía, pues a su hija Daphne Carreño Bengoechea, asesinada por Alejandro Enrique Rivera López, el 9 de abril de 2013, y detenido muy cerca del departamento de su hijo con el arma homicida en la mano, la justicia todavía no llega, pues las influencias de la familia del asesino de su hijo ha hecho todo lo posible para que no sea procesado todavía.
A más de un año de la violación de una menor de edad, por parte de cuatro jóvenes en Boca del Río, Veracruz, en enero de 2015, y cuyo caso desató la polémica en redes sociales, luego de la publicación de una carta del padre de la menor, revela hoy los obstáculos para la obtención de justicia, la impunidad de la que gozan los agresores, en Veracruz el índice de impunidad global es de 72.38.
Desnaturalizar la violencia
En el caso de Oaxaca, explica Reyes Terán el marco jurídico debe asegurar la obligación de diseñar, ejecutar y evaluar acciones orientadas a la prevención de la violencia de género que se ejerce contra las mujeres y las niñas, mediante acciones diferenciadas en los ámbitos sociocultural, en el de las instituciones y de manera individual.
Asimismo, la política de prevención debe lograr que la sociedad perciba este fenómeno como delito, como un problema de derechos humanos, de salud pública y de seguridad ciudadana, lo que sin duda llevaría a desnaturalizar el maltrato contra las mujeres y a prevenirlo de manera estandarizada.
Sin embargo, añade eso no está ocurriendo en Oaxaca y en buena parte del país, donde la Ley Estatal para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, legislación inoperante porque, por un lado, se negaron a sustituir la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar aún vigente y, por otro, están ausentes, la totalidad de reformas al Código Penal, Civil y de Procedimientos; la Ley Estatal de Salud y de Educación; a las normas de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad; a la Ley de Mediación y Ley Orgánica de la Fiscalía, entre otras.
Reyes Terán consideró necesario prohibir expresamente que las conductas de violencia de género contra las mujeres y las causas que tengan relación, que se originen o deriven de ella, a los procedimientos conciliación y mediación.
La consultora en género recalcó que el combate que el Estado mexicano lleva a cabo contra el crimen organizado, ha implicando un proceso de modernización sin precedentes en las instituciones de seguridad pública y la procuración de justicia; reflejado inclusive en los Presupuestos de Egresos que cada año aprueba la H. Cámara Federal de Diputados.
Sin embargo, la violencia de género contra las mujeres, no forma parte de esa violencia social; no es el tipo de violencia que encoleriza a las masas y la hace salir a las calles a pedir la renuncia de los funcionarios; no figura en la agenda de la seguridad pública nacional, mucho menos en la estatal y, por consiguiente no ha sido tocado siquiera dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Frente a esa realidad, considera necesario el rediseño de la arquitectura institucional para su adecuada atención y sanción, aunque parezcan vanas ilusiones, de cierto sabemos que no lo son y que se requieren urgentemente.
