SALVADOR FLORES LLAMAS
Se equivoca quien cree que terminó el sainete del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el informe, pues siguen litigándolo en los medios nacionales y lograron que The New York Times publicara, el sábado 22, una nota a dos columnas en primera plana donde acusan al gobierno mexicano de haber obstruccionado su trabajo.
“Hay sectores en el gobierno que no quieren que se cuestionen ciertas cosas”, dijo al Times el experto Carlos Beristáin; “nos veían como una amenaza y eso endureció su punto de vista hacia nosotros, lo que refuerza en la práctica la impunidad que se da a las cosas para que no cambien en el país”.
Le salió el tiro por la culata al gobierno: el Times volvió a la carga, y en el editorial del martes lo llamó un sistema de justicia “notoriamente corrupto y brutal”. Sigue la revancha de los expertos por no renovarles el contrato para que siguieran exhibiéndolo, y ahora lo hacen en el exterior, y parece que las autoridades no se la van a acabar.
Beristáin fue a Roma, antes de la visita del Papa a México, a gestionar que recibiera aquí a los deudos de los 43 de Ayotzinapa para dar dimensión mundial al caso. Francisco no accedió, mas lograron que la canciller alemana Ángela Merkel se lo mencionara a Peña Nieto cuando fue a Berlín y Hillary Clinton y el Departamento de Estado de EU exigieran resolver el problema.
Los ataques seguirán, pues los expertos no actúan con independencia. No cumplieron su cometido de terminar la indagación por la que cobraron; sólo la embrollaron y buscan que sus dichos se tomen como “verdad histórica”, igual a la que pretendían refutar, atribuida al ex procurador Murillo Karan.
Se quejan de que el gobierno obstaculizó el trabajo, cuando fue todo lo contrario. La PGR les abrió todo el expediente; no les permitió interrogar a militares, porque la ley prohíbe hacerlo a extranjeros; pero el Ministerio Público lo hizo y les entregó el resultado.
No olvidemos que actuaron como coadyuvantes del MP, su indagación no es definitiva, las conclusiones de ambos lados deben pasar a un juez y sus dichos no son dogmas de fe, como pretenden hacerlos aparecer.
Arguyen que no hubo fuego en el basurero de Cocula y el gobierno rechazó un tercer peritaje de dinámica de fuego, obstruyó su trabajo, desató una guerra sucia contra ellos y no les permitió interrogar a militares; por eso no pudieron agotar todas las líneas de investigación.
No dicen que les otorgó plena inmunidad ante posibles extradiciones, como lo solicitaron, señal de que miembros del GIEI tienen en sus países demandas penales pendientes, que las atribuyen a la guerra sucia contra ellos.
De inicio negaron a priori que se incineraron cadáveres en Cocula, pues ahí habría concluido su trabajo y desobedecido la consigna que traían. Salieron con que Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, “sembró evidencias” allí el 28 de septiembre de 2014 (dos días después del crimen), demandaron su inmediata destitución y rechazaron el dictamen contrario de expertos paraguayos. Nombrados por mitad por ellos y por el gobierno.
Contra Zerón dijeron basarse en un video, prueba fehaciente que nunca mostraron, cual debe hacerse en toda investigación seria.
Al gobierno le salió más caro el caldo que las albóndigas, porque el CIEI no resolvió nada y sigue difamándolo. Eso no habría pasado si desde el principio atiende el caso, finca responsabilidades a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, al PRD y al Peje por llevarlo al poder con el gobernador Aguirre Rivero, a quien consintió demasiado y le dio impunidad.
Se quejan de una guerra mediática en su contra, por una denuncia penal por presunto fraude por el cobro en nombre del GIEI contra Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por señalamientos a miembros del grupo: la colombiana Ángela Buitriago y la guatemalteca Clara Paz y Paz.
Como el gobierno no quiso pagarles más para continuar “su investigación” harán más bulla con claros fines electorales hacia la sucesión presidencial de 2018 y en favor de quien, al inicio del caso, promovió exigir la caída de Peña Nieto, que fue López Obrador mediante sus fans en redes sociales, ayudado, bajo cuerda, por Álvarez Icaza.
Bien dice el refrán: “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Ya amenazan con marchas por Ayotizinapa, y la autoridad debe negociar, sin intervención de vivales, la debida indemnización con los deudos de los 43, que la necesitan para sostener a sus familias, y fajarse con los anarquistas, que siempre pretextan sus derechos humanos para subvertir el orden y afectar a la comunidad, como si ésta no tuviera tales prerrogativas.
@chavafloresll
