¿Es ética y moralmente aceptable la privatización parcial de la fuerza coercitiva del Estado (punitiva y disuasiva en el caso de EEUU) en asuntos en que el mandato constitucional es absolutamente claro? ¿A quién defenderán primero? ¿A los inversionistas del cuartel, o a los mexicanos de a pie?

Es de inquietar lo que ocurre en el país. Todo se privatiza total o parcialmente, incluso lo necesario para el combate al narcotráfico, o mantener la seguridad. Se construyen cuarteles con coinversión privada, allí donde el dinero del Estado es insuficiente, como inoperante es el uso que hace de la violencia legítima, legal, ética que le confiere el mandato constitucional. Han puesto en riesgo las garantías constitucionales y los derechos humanos.

     La nota informativa de La Jornadadigital indica que “el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, encabezó la firma de un convenio para la construcción (¿del cuartel?) de una brigada de la policía militar en el municipio de San Pedro de las Colonias, que tendrá una inversión compartida entre la iniciativa privada y los gobiernos de Coahuila, Durango y Chihuahua de más de 500 millones de pesos.

     “En el evento realizado en la sede del cuartel general de la XI Región Militar estuvieron presentes los gobernadores de las tres entidades y los altos mandos del ejército mexicano, quienes destacaron la importancia de que el sector empresarial se sume a la colaboración entre los gobiernos de los estados y la federación en materia de seguridad”.

     Hasta aquí todo correcto y, lo parece, también legal y constitucional, pero es momento de preguntarse cómo funcionó el esquema de privatización de la guerra de Estados Unidos en Irak. Hay similitudes, nunca equivalencias con lo que ocurre, pero en ambos casos falta una consideración: ¿es ética y moralmente aceptable la privatización parcial de la fuerza coercitiva del Estado (punitiva y disuasiva en el caso de EEUU) en asuntos en que el mandato constitucional es absolutamente claro? ¿A quién defenderán primero? ¿A los inversionistas del cuartel, o a los mexicanos de a pie?

     El problema esencial es la debida obediencia, y ésta sólo está sustentada y avalada en un mandato constitucional para las fuerzas armadas que es inequívoco, y normada en la ley reglamentaria de las secretarías de Defensa Nacional y Marina, lo demás son interpretaciones extralegales para justificar una decisión administrativa y, digámoslo con todas sus letras, política, parcialmente política.

     No soy abogado, pero allí están los doctores en derecho constitucional y los ministros de la SCJN -por cierto, pagados con dinero del pueblo- para defender las garantías constitucionales y los derechos humanos, que a nadie parecen interesar.

     Naturalmente para formarme una opinión consulté con mi gurú en derecho constitucional, quien dice: el artículo 25 constitucional es la base que permite a las instituciones gubernamentales pactar con los sectores privado y social, pero se refiere a la materia económica y el desarrollo nacional. El 26 constitucional relativo a la planeación señala la intervención de los sectores referidos en la planeación nacional y la Ley de Planeación regula los convenios de coordinación con los gobiernos estatales y municipales y los de concertación con los particulares. No se hace referencia a cuestiones de defensa y seguridad nacional.

     En todo caso, si lo firmaron debe de tener el sustento jurídico mínimo y que también puede ser objeto de interpretación administrativa; considero que la preocupación que expresa es válida, y el comentario estaría en función del alcance del convenio que se tendría que analizar: por qué participa el sector privado, en qué proporción y para qué, que se intuye sería la construcción de la instalación. Creo que el Estado mexicano debe de asumir toda la responsabilidad en cuestiones de defensa y seguridad y debe proveer a eso, sería muy grave abrir la puerta a otras participaciones no gubernamentales. Posiblemente la participación privada en el convenio sea un gesto para ponderar comprensión de la sociedad sobre la actividad de las fuerzas armadas, pero no sería conveniente alentarlo siguiendo el principio sabio del pueblo: “el que paga, manda”.

     Así es que ya saben, lectores, lo que puede ocurrir.