Cámara de Diputados aprueba reformas para armonizar Ley contra Delincuencia Organizada
Javier Divany Bárcenas
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que reforma diversas disposiciones para armonizar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con el sistema de justicia acusatoria adversarial.
De esta forma el sistema de justicia penal se dota de mecanismos necesarios al momento de hacer frente a los grupos delictivos organizados.
El documento fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, el cual fue aprobado en lo general con 394 votos a favor y 33 en contra.
Además se establecen directrices en las etapas procedimentales, en un marco de respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales, al esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño.
Contempla conductas que serán consideradas delincuencia organizada, como el uso de moneda falsificada, el robo de hidrocarburos, el agravio a los derechos de autor, el narcomenudeo y el contrabando, entre otros.
Faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para coordinar a la policía y ejecutar las intervenciones de comunicaciones privadas, autorizar la infiltración de agentes, a quienes se les proporcionará una nueva identidad y se garantizará su protección durante todo el procedimiento.
Puntualiza que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proporcionará al Ministerio Público la información y documentación que resulte conducente en los casos que existan indicios que hagan presumir que personas físicas o morales son miembros de la delincuencia organizada.
Detalla los procedimientos en caso de aprehensión, retención y arraigo, así como los mecanismos en materia de cooperación eficaz de un integrante de la delincuencia organizada con la investigación del delito, a quién se le podrá reducir la sanción en función del aporte a la investigación.
También permite a la policía corroborar la veracidad de los datos de informaciones anónimas, mediante actos de investigación, y especifica que en los procedimientos penales se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva.
El dictamen argumenta que este tipo de organizaciones vulnera la economía del país, ya que en múltiples casos la corrupción y las extorsiones que llegan a emplear para cumplir sus fines, afectan a los ciudadanos, directa o indirectamente, en su economía, calidad de vida y en su medio ambiente.
El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, puntualizó al fundamentar el dictamen que el objetivo es armonizar dicha norma con el nuevo sistema de justicia penal, así como con los parámetros de la Convención de Palermo, para hacer más eficiente la investigación y persecución
Subrayó que con los ordenamientos aprobados hoy, se complementa la miscelánea penal y se deja constancia que desde el ámbito legislativo se concuerda con los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto, para llevar a cabo las reformas necesarias que permitan a todos los mexicanos acceder a una justicia pronta y expedita y, sobre todo, que responda al reclamo de la sociedad de una justicia clara, accesible y oportuna.
Pide Cámara de Diputados a Conapred intervenir contra gobernador de Nuevo León
El Plano de la Cámara de Diputados rechazó enérgicamente las declaraciones realizadas por el gobernador de estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ayer lunes 13 de junio contra las mujeres, por resultar discriminatorias y, en consecuencia, violatorias de Derechos Humanos.
En un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado en votación económica, el Pleno solicitó la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a fin de fincar responsabilidades.
La diputada Brenda Velázquez Valdez del PAN, desde su curul agradeció a la Junta de Coordinación Política haber suscrito su propuesta donde rechaza y condena enérgicamente las declaraciones hechas el día de ayer por el gobernador del estado de Nuevo León, “donde dijo que a una niña gorda no la quiere nadie”.
Estas declaraciones, puntualizó, son discriminatorias y violentan los derechos humanos. “Les pido a mis compañeras legisladoras que se unan a esta petición porque ya no queremos más bullying”, agregó.
En tanto, el Instituto Nacional de las Mujeres condenó los comentarios del Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” en los que se refirió a las jóvenes embarazadas al decir: “A las niñas gordas nadie las quiere”.
Exhortó al mandatario a evitar el uso de un lenguaje “que ofende a la sociedad en su conjunto”.
Inmujeres refirió que existen diversos esfuerzos para tratar esta clase de problemas entre la población infantil mexicana.
Hizo mención acerca de que la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente (ENAPEA), producto del trabajo conjunto de diferentes instituciones de gobierno, de Organizaciones de la Sociedad Civil, organismos internacionales y académicos, establece una meta para el año 2030.
De acuerdo con la cual se planea erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50 por ciento la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años.
Cada vez participan más menores con la delincuencia organizada: PES
El diputado Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social, pidió a la sociedad mexicana respaldar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, toda vez que cada vez son más los niños que participan con la delincuencia organizada,
“Dolorosamente nuestra niñez está participando cada vez más en la delincuencia organizada”, dijo el legislador.
De acuerdo al diputado las cifras oficiales, entre 2012 y 2013 el Ejército Mexicano detuvo a 473 menores, de los cuales, 61 eran niñas, con un promedio de edad que no superan los 13 años de edad.
Durante su participación ante el Pleno a favor de la expedición de la Ley para adolescentes, refirió que según la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, existen al menos 30 mil menores de edad dedicados al tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, contrabando, piratería y asesinatos, hechos que serían pagados entre los mil y los 3 mil dólares.
El legislador citó que un informe de la organización no gubernamental Infancia en Movimiento, señala que en los últimos años creció 34 por ciento la detención de menores por delitos graves y que 70 por ciento de las aprehensiones tuvieron que ver con homicidios, secuestros, torturas, tráfico de drogas, robo y lesiones graves.
El diputado federal de Tamaulipas expresó que Encuentro Social es un partido político que aspira a la felicidad de los niños y dijo que “no compartimos la idea de reprimirles”; sin embargo, dijo que los datos que compartidos hacen necesaria una Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes.
“Atinadamente la ley prevé tres grupos, el de 12 a menos de 14 años, el de 14 a menores de 16, y el de 16 a menos de 18 años, además se prohíbe imponer penas mayores a la que le correspondería a un adulto”.
Pineda Morín indicó que uno de los puntos en los que coincide el PES, es en la reintegración social y familiar para adolescentes, por lo que “Encuentro Social espera que con esta reforma se evite que los llamados centros especializados continúen siendo escuelas de delito en los que los jóvenes perfeccionan sus métodos delincuenciales”.
