Read in English

LA VENTOSA, México — Por la noche, Juan Piñeda López escucha el zumbido de una turbina de viento que gira a 275 metros de su casa de adobe. A veces le llega el olor a lubricante que se derrama por el mástil del aerogenerador.

Más allá de esos detalles, dijo Piñeda, el bosque de turbinas que en años recientes ha surgido en los llanos de esta parte del estado sureño de Oaxaca no afecta su vida cotidiana.

He ahí el problema.

Ocho años después de que México se comprometió a luchar contra el cambio climático —lo que generó una fiebre por la energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca— quienes viven en comunidades indígenas pobres están divididos en cuanto a los beneficios de la revolución ecológica.

Algunos incluso están rechazando proyectos eólicos. Más de mil residentes de Juchitán de Zaragoza, una ciudad mayoritariamente zapoteca, a unos 32 kilómetros de la casa de López, en La Ventosa, se han opuesto a los planes para construir uno de los parques eólicos más grandes de América Latina.

El caso enfatiza la necesidad de equilibrar los deseos de energía limpia con las preocupaciones de quienes son dueños de los terrenos que la producen, dijo Beatriz Olivera, una ingeniera que durante varios años dirigió la campaña de cambio climático de Greenpeace México.

Agregó: “Queremos energía eólica pero no a cualquier precio”.

En La Ventosa, un pueblo silencioso de 4000 habitantes y vientos tan poderosos que en ocasiones pueden derribar un camión, la explosión energética ha dejado su huella. Más de una decena de pequeñas empresas de construcción que brindaron la infraestructura para los parques eólicos han surgido en los últimos ocho años. En muchas calles, casas de dos pisos bien construidas se mezclan con viviendas más humildes.

Iberdrola, la empresa energética española dueña del parque eólico ubicada tras la casa de Piñeda, ha pavimentado carreteras y construido alcantarillado como parte de su inversión social en la región, la que según un vocero de la empresa ha tenido un costo de más de un millón de dólares.

Cosme Vera, un campesino que renta 40 hectáreas a Iberdola por 2900 dólares al mes, ha podido renovar su finca e incluso comprar aire acondicionado para las habitaciones. Vera, de 69 años, dijo que la renta anual que recibe de Iberdrola es cuatro veces la cantidad que ganaba por cosechar sorgo. “Ahora, mi trabajo es ir al banco una vez al mes y recoger el dinero”, dijo.

Pero no todos han prosperado. Los parques eólicos generan un estallido de empleos durante la construcción, pero después el impulso se pierde y no se genera nada más, dijeron expertos y residentes.

Continue reading the main storyPhoto

 

Shojanes Pinera Gutiérrez, de 9 años, con sus abuelos y familia en una comunidad pobre bajo las turbinasCreditKirsten Luce para The New York Times

Quienes no son dueños de terrenos no obtienen el dinero de rentas, entre ellos, Piñeda, un peón. Su calle no está pavimentada y su casa de dos habitaciones no tiene suministro de agua. Se retrasó tanto con los pagos del servicio eléctrico que el proveedor lo dejó sin luz hace ocho meses.

“Creímos que todos nos beneficiaríamos, tuviéramos tierras o no”, dijo Piñeda, de 52 años.

Con la mano imitó el movimiento del viento. Los frutos de las turbinas “pasan por aquí y no dejan nada”, dijo.

La oposición a los parques eólicos va más allá de los paisajes arruinados, dijeron los expertos. En una de las regiones más pobres de México, han profundizado la desigualdad.

Las empresas energéticas nacionales y extranjeras han pagado a personas influyentes para que los terratenientes se unan a sus proyectos, de acuerdo con abogados y activistas. Sin embargo, en algunos casos, el dinero que donaron para proyectos sociales se evaporó en manos de funcionarios municipales.

“Hemos pasado por años de proyectos eólicos, pero la pobreza es la misma”, dijo Andrea Cerami, una abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en la Ciudad de México.

Liliana López, de 40 años, quien estaba recogiendo buganvilias afuera de su casa, cerca de la casa de Piñeda, dijo que el parque eólico había sido “bueno para el pueblo pero no para nosotros”. Su esposo e hijos trabajan en la ciudad de Oaxaca, dijo, porque no podían encontrar trabajo más cerca.

Al igual que otros residentes, hizo una lista de los supuestos efectos secundarios de los parques eólicos: gente que sufre erupciones en la piel y tos, la depredación de las aguas subterráneas y vacas que no dan a luz. Los precios de los productos básicos —desde los alimentos hasta las carretillas— se han elevado, dicen los residentes. Los vecinos se han vuelto codiciosos, dijo López, y agregó: “Todos quieren una rebanada del pastel”.

Desde el 2004, los inversionistas han inyectado 9 mil millones de dólares a los parques eólicos en México, según Leopoldo Rodríguez, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. La capacidad energética de los parques eólicos en Oaxaca, que se encuentran en un radio de 32 kilómetros de La Ventosa, se disparó de 160 megavatios en 2008 a 2360 megavatios en 2015, con el poder suficiente para alimentar a cientos de miles de hogares cada año. Se proyecta que para 2018, la capacidad en Oaxaca se elevará a más de 5500 megavatios.

Pero esos objetivos encontraron obstáculos en octubre, después de que se expidió una orden judicial a favor de los miembros de la comunidad indígena zapoteca en Juchitán para detener a Energía Eólica del Sur, un consorcio que incluye a Macquarie Mexican Infrastructure Fund, parte de un banco australiano de inversiones, y evitar que construyan un parque eólico de 400 megavatios en terrenos rurales afuera de la ciudad.

Lucila Bettina Cruz Velázquez, una activista que se opone al proyecto, dijo que algunos residentes temían que el parque eólico afectara al ganado, las aves migratorias y los murciélagos, y no querían que la ciudad quedara invadida por turbinas.

Continue reading the main storyPhoto

 

Liliana López, de 40 años, recogiendo buganvilias afuera de su casa en La Ventosa. Dijo que el parque eólico había sido “bueno para el pueblo pero no para nosotros”. CreditKirsten Luce para The New York Times

“Vienen a cambiar nuestro paisaje”, dijo. “A talar nuestros árboles. A afectar nuestros cultivos”.

La demanda argumentaba que el gobierno no consultó de manera adecuada al pueblo indígena de Juchitán acerca del proyecto eólico, lo cual es una obligación bajo la ley de hidrocarburos de 2014. El gobierno no cumplió con esa regla al dar permisos a Eólica del Sur durante la consulta, aseveró.

Algunos abogados de derechos humanos y académicos dijeron que la consulta también tuvo otros defectos: las reglas no eran claras; no todos los documentos se tradujeron al zapoteco, y los activistas habían sido amenazados por aliados de los políticos locales o del consorcio.

Un representante de Eólica del Sur en la Ciudad de México no respondió a las peticiones de entrevista para incluir sus comentarios sobre el caso. Katya Puga Cornejo, directora de evaluación de impacto social para la Secretaría de Energía en México, dijo que los funcionarios sostuvieron más de 40 reuniones públicas a lo largo de ocho meses para debatir el proyecto.

El parque eólico fue aprobado con un voto a mano alzada en una reunión en julio de 2015, dijo.

El destino de Eólica del Sur ahora está en manos de los tribunales. Un juez falló a favor del gobierno en junio, y el grupo indígena apeló la decisión. Un juicio final podría demorarse semanas o meses, de acuerdo con Ricardo Lagunes, un abogado involucrado en el caso.

Algunos residentes, entre ellos José López de la Cruz, de 52 años, esperan que el proyecto siga adelante. López, un ingeniero en La Ventosa que ha trabajado en parques eólicos desde 2008, perdió su trabajo, junto con otros 70 trabajadores, cuando el proyecto se frenó.

“La gente es muy pobre”, dijo. “Muchos esperaban recibir los ingresos de Eólica del Sur”.

De cualquier forma, el caso podría ser un precedente, dijeron abogados ambientales y expertos en energía renovable. De ahora en adelante, creen, las comunidades en Oaxaca serán más exigentes al negociar con el gobierno y las empresas energéticas antes de llegar a acuerdos sobre posibles proyectos en sus terrenos.

Carlos Tornel, un consultor de energía en Ciudad de México, dijo que la resistencia a los proyectos eólicos podría extenderse a otras regiones. Si el gobierno no presta atención a las preocupaciones locales, podría afectar su objetivo de aumentar la capacidad eólica a 19.000 megavatios para 2028, dijo.

Piñeda se mostró escéptico acerca de que la gente como él comenzara a recibir una rebanada más grande del pastel energético y ecológico. Algunos “güeros” habían pasado por ahí hace poco para ver qué mejoras podían ofrecer, dijo.

“Como tú, hicieron preguntas”, le dijo a una periodista visitante. “Pero después se fueron, y nada ha cambiado”.