- Insiste Federico Döring en que no hay otro ente público que tenga más quejas de corrupción y tráfico de influencias que la SEDUVI
Guillermo Pimentel Balderas
Primero como Asambleísta y hoy como Constituyente, el panista Federico Döring insiste en desaparecer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) por corrupta.
Asegura: “no hay otro ente público que tenga más quejas de corrupción y tráfico de influencias que la SEDUVI”.
Como ejemplo, mencionó el caso muy sonado del predio en Pachuca 12, donde no sólo se inventaron Derechos Adquiridos, sino que además se hizo una promulgación en el Diario Oficial con uso de suelo apócrifo por parte del Gobierno de la Ciudad sin ninguna sanción penal para funcionarios de la Consejería Jurídica, de la SEDUVI ni de ninguna otra dependencia.
Quiere Döring trasladar las facultades de ésta dependencia a las Alcaldías de la Ciudad de México, con el apoyo de un Instituto de Planeación Urbana como órgano técnico de consulta, que sería creado para este fin.
Tácito dijo que se debe acabar con la figura del “Amparo Multiusos” donde las autoridades de SEDUVI inventan derechos adquiridos a diestra y siniestra, y configuran polígonos de actuación con corrupción de por medio, sin que exista manera de acreditar ni transparentar si había o no tal derecho adquirido ni qué documentos lo establecen.
Sugirió que sea la autoridad electa la que responda en esta materia y que todas las construcciones en la ciudad tengan un único político responsable y que el Jefe Delegacional en turno plantee soluciones y no pretextos. En una palabra, subrayó que las Alcaldías respondan por toda construcción y toda obra de desarrollo urbano.
El político azul presentó el proyecto en el Constituyente con el planteamiento de transición para que sea el Registro Público de la Propiedad y del Comercio la autoridad que resguarde, registre y compile los documentos que acrediten el uso de suelo en la ciudad, así como los derechos adquiridos que de ellos emanan.
Explicó que se propone que una vez que hayan sido aprobados y expedidos los Consejos de las Alcaldías, todo antecedente registral y derecho adquirido en materia de uso de suelo esté digitalizado en el mismo espíritu que ya lo hizo el Registro Público para los folios y cualquier información relativa a todos los predios de la ciudad.
Con esta propuesta, agregó, el Instituto de Planeación Urbana sería el encargado de validar técnicamente la viabilidad de cualquier promoción en materia de desarrollo urbano. “Las facultades de SEDUVI pasarían directamente a las Alcaldías para ser aprobadas por mayoría calificada de los Concejales”, apuntó.
Al parecer, el caso al que se refirió Döring, es el que involucra a Promotora Única SA de CV, la supuesta dueña del edificio, en Pachuca 2, propiedad del mismo arquitecto involucrado en otro escándalo de corrupción hace dos años: Javier Sánchez Corral.
De acuerdo a la información publicada – en Mas por Más el 22 de julio del 2014-, Sánchez era presuntamente el dueño de un predio en Pachuca 2 –Döring dijo 12-, también en la Condesa, en donde todas las obras fueron detenidas cuando se hizo público que el permiso de cambio de uso de suelo no había sido aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a pesar de que aparecía en la lista del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc de la Gaceta Oficial del 29 de septiembre de 2008.
En esta información documentada, se menciona que hay también Notarios Públicos involucrados, lo que se traduce en una red de corrupción que nace del mismo gobierno capitalino a través del Registro Público de la Propiedad.
