Javier Bárcenas
Pide Neri respetar acuerdo de elección de coordinador del PRD en Senado
El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, pidió a los militantes del PRD respeten los acuerdos de los senadores de su partido quienes eligieron a Raúl Morón Orozco como su nuevo coordinador en la Cámara alta.
“Que se atienda el sentir de la mayoría. Me gustaría que hubiera una conversación con la presidencia del partido (Alejandra Barrales Magdaleno), para que ya se llegue a un arreglo. La verdad no nos vemos bien en disputas por una coordinación”, dijo en declaraciones a la prensa.
La semana pasada el Comité Ejecutivo Nacional del PRD destituyó a Miguel Barbosa Huerta como coordinador de los senadores perredistas, por expresar su apoyo al líder de Morena, Andrés Manuel López, y en ese momento se nombró a la senadora Dolores Padierna Luna como coordinadora.
Posteriormente, Barbosa Huerta se amparó y se mantuvo en el cargo hasta este lunes cuando decidió renunciar al puesto. Senadores perredistas eligieron a Morón Orozco como su nuevo líder y desconocieron a Padierna Luna.
Martínez Neri consideró que se lo importante es privilegiar el diálogo y dijo que la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, tiene la posibilidad convocar a los senadores y buscar una solución.
“Hay que agotar el diálogo, será importante que la presidenta nacional del PRD se acerque con los senadores, dialoguen, se encuentre una salida y espero que se pronta, y exhorto desde aquí para que así se haga”, señaló.
El líder parlamentario se negó a manifestarse por algún legislador para coordinar a al grupo parlamentario perredista en la Cámara alta.
“No quisiera pronunciarme por ninguno de ellos, no me parecería lo propio y menos en mi carácter de coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados”, externó.
Legislar para eliminar fuero y retiro del financiamiento público a los partidos políticos: González Murillo
El coordinador de los diputados del PES, Alejandro González Murillo, urgió al Congreso de la Unión a legislar en materia de eliminación del fuero constitucional y del financiamiento público a los partidos políticos, para que “no haya cabida a la opacidad, la corrupción y la falta de transparencia”.
“Todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo, enfrentan el reto de convertir a la actual Legislatura en un parteaguas en la historia del Congreso”, indicó en un comunicado.
Dijo que los diputados y senadores están pagando “los platos rotos” de malas legislaturas y vergonzosos casos de corrupción y “en el PES vemos la coyuntura como un tiempo de oportunidades para recobrar la confianza de la ciudadanía”.
González Murillo aseguró que: “es un gran momento; es el mejor momento para que los legisladores podamos dejar un gran legado a este país”.
Refrendó dos de los puntos más relevantes de la agenda legislativa de su partido: “eliminación del fuero constitucional y del financiamiento público a los partidos políticos”.
Recordó que otros grupos parlamentarios se han sumado a estas propuestas del PES, pero en el caso del financiamiento a las instituciones políticas comentó que mientras algunos piden reducirlo hasta 50 por ciento, “nosotros demandamos la eliminación total; es decir, cero pesos a partidos”.
El líder de la bancada legislativa del PES enfatizó que su grupo parlamentario no quitará el dedo del renglón y “menos ahora que otros partidos se están sumando a propuestas que, sin duda, son y seguirán siendo” de Encuentro Social.
Dejó claro que su fracción parlamentaria, que debutó en la LXIII Legislatura, cuenta con la experiencia suficiente para trabajar, de manera fuerte y comprometida, por el bienestar del país.
Congreso de la Unión debe legislar para garantizar igualdad salarial en todo el país: Arlette
La diputada Arlette Muñoz Cervantes del PAN, señaló que es necesario promover una reforma de ley que obligue a los estados a diseñar y adoptar programas que garanticen la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en los sectores público y privado.
La legisladora presentó una iniciativa que plantea reformar los artículos 6 y 11 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y cuyo dictamen será discutido en la sesión de este martes.
“Se propone tipificar la desigualdad salarial como un acto de violencia económica por parte de los empleadores”, precisó.
Aseveró que la participación de la industria privada y las instituciones de gobierno en la construcción de ambientes laborales que valoren las capacidades antes que las cuestiones de género, debe acompañar estos cambios en la ley.
“La desigualdad salarial sigue siendo una realidad en México y una de las principales barreras del empoderamiento y la autosuficiencia económica de las mujeres, por ello es necesario buscar su reducción a través de leyes que garanticen la valoración real de sus capacidades”, señaló.
Cervantes comentó que en México las mujeres ganan 20 por ciento menos que los hombres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y esta diferencia aumenta hasta 40 por ciento en puestos directivos y de gobierno.
“Ello aunado a que existen barreras de discriminación por género que impiden a las mujeres acceder a las mismas áreas laborales que los hombres”, expresó.
Recordó que organismos, como la American Chamber of Comerce of México (AMCHAM), señalan que en nuestro país la brecha salarial entre hombres y mujeres aumenta hasta en un 40 por ciento cuando se trata de puestos directivos y de la administración pública.
“En México una mujer en una dirección de gobierno gana entre 50 y 60 mil pesos, en tanto que un hombre llega a ganar entre 80 y 90 mil pesos”, detalló.
La diputada panista expresó su preocupación porque en los dos últimos informes del Foro Económico Mundial (WEF) sobre brecha salarial, que evalúan a 144 naciones, el país avanzó únicamente seis lugares, en dos años (de la posición 71 a la 66), lo que pone evidencia la poca atención que prestan al tema el Estado mexicano y las empresas.
“Una iniciativa de esta naturaleza puede contribuir significativamente a la reducción de esa brecha salarial, si es acompañada además de mecanismos de promoción e inclusión laboral para las mujeres, así como una mayor transparencia en los esquemas de remuneraciones y la promoción de una cultura de igualdad al interior de las áreas de trabajo”, manifestó
TLCAN tendrá más beneficios que riesgos: Dávila
La posible modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), más que riesgos, representa oportunidades para lograr mayores beneficios entre los tres países que lo integran, consideró el diputado Jorge E. Dávila Flores, Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados
Dijo que hay varios temas que por obvias razones no se consideraron hace más de 20 años en el acuerdo, como la biotecnología o aspectos del sector energético, entre otros, en los que México está abierto a la actualización
Advirtió que el TLCAN debe continuar, porque nadie puede negar que ha generado importantes beneficios económicos y empleos en Canadá, Estados Unidos y México
La Comisión de Economía en San Lázaro sigue haciendo consultas con expertos y levará a cabo un Foro de discusión en enero próximo, para fortalecer la posición mexicana, ante una eventual revisión del tratado.
“Existen varios temas que por obvias razones no se consideraron hace 22 o 23 años –añadió- como la biotecnología o aspectos del sector energético, entre otros, en los que México está abierto a ventilarlos e incorporarlos al acuerdo comercial, sin perjuicio de ninguno de los tres países”, dijo el diputado.
El legislador coahuilense sostuvo que el TLCAN debe continuar y enriquecerse, porque nadie puede negar objetivamente que ha generado importantes beneficios económicos y empleos en la región.
“Además, México sigue siendo atractivo para hacer negocios, prueba de ello son los más de 140 mil millones de dólares que se han recibido como inversión extranjera directa, en lo que va del presente sexenio”, enfatizó Dávila Flores.
Puntualizó que la Comisión de Economía en San Lázaro mantiene consultas con expertos y empresarios, por lo que llevará a cabo un foro de discusión en enero próximo, en busca de fortalecer la posición mexicana, ante una eventual revisión del tratado.
Uso de armas de fuego o letales, es obligación de la policía dar clara advertencia de emplear las mismas: SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública no genera inseguridad jurídica, pues éste debe ser interpretado de manera sistemática con los principios generales que se derivan de la misma ley.
Al continuar con el estudio de las acciones de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, los ministros determinaron, por mayoría de seis votos, que el concepto de agresión real contenido en el artículo 3, fracción III, de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública no genera inseguridad jurídica.
La SCJN reiteró que todo uso de la fuerza se encuentra sujeto a un elemento de temporalidad, lo que implica que debe cesar una vez que el objetivo legítimo ha sido alcanzado o cuando ya no es posible su consecución.
Por lo que se refiere a las armas de fuego o letales, se explicó que antes de usarlas existe una obligación de dar una clara advertencia de emplear las mismas.
En ese tenor, el uso de las armas de fuego, de manera tal que no le otorgue al agresor ninguna oportunidad de supervivencia, únicamente debe estar autorizado en las situaciones más extremas de riesgo, en las cuales la muerte de aquél es la única manera de prevenir la pérdida de la vida de los propios miembros de las instituciones de seguridad pública o de terceros.
En consonancia con lo establecido por el segundo párrafo de su artículo 1, que ordena que esa interpretación debe realizarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.
Concluyó que se está frente a una agresión real cuando el movimiento corporal de la persona genera un daño actual a bienes legalmente tutelados; situación que deberá evaluarse en cada caso concreto, bajo la más estricta responsabilidad de los miembros de las instituciones de seguridad pública, atendiendo al deber de objetividad, que implica que las actuaciones policiales deberán realizarse con base en la consideración de hechos reales, sin tomar en cuenta situaciones subjetivas.
La SCJN determinó que la existencia de una agresión real no implica, en sí y por sí misma, que los agentes policiales se encuentren en plena libertad de hacer uso de la fuerza pública, ni mucho menos de las armas de fuego.
El deber del uso de la fuerza depende de la observancia a los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad. Por ello, no puede soslayarse que existen circunstancias en las que, a pesar de existir una agresión real, es suficiente el uso de medios no violentos para detener, repeler o rechazar la lesividad causada al bien jurídico respectivo.
Así, una vez que se haya verificado, de manera objetiva, que el uso de la fuerza pública sea la única vía para proteger el bien jurídico lesionado por la agresión real, los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad mandatan que el nivel de fuerza utilizado sea gradual, de tal suerte que sea la mínima necesaria para salvaguardar tal bien jurídico, por lo que no podrá utilizarse un grado mayor de fuerza que la indispensable para alcanzar dicho objetivo.
