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Juicio a la justicia

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Juan Chávez

En el Senado está todo. Ahí, el caso del  destituido fiscal electoral y la Ley de Ingresos para 2018, deberán ser sustanciados este jueves, en sesión plenaria.

 

De otro modo, y conforme a la Carta Magna, el gasto público será, para el año entrante, el mismo que se está ejerciendo en este 2017 al que le quedan 66 días de vida.

El otro asunto está más peliagudo, sobre todo por el choque de las fuerzas políticas: partidos opositores contra el PRI y viceversa: PRI contra los opositores. Posiciones radicales, irreconciliables por el cese de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos Electorales (Fepade).

Los senadores del PAN, PRD y PT-Morena pretenden que el tema del fiscal electoral destituido sea analizado en sesión pública abierta y se vote en igual forma y el PRI, con su Verde de aliado, quiere al ex fiscal Nieto en la calle, con voto secreto al canto.

De transparencia, de claridad, la fracción que comanda Emilio Gamboa no quiere saber nada. Y en la cuerda floja quedará, si los priistas y verdes terminan por imponer su arbitraria voluntad, la relación Lozoya-Odebrecht-Peña.

Se trata de una imputación al Revolucionario Institucional y a Emilio Lozoya, ex director de Pemex con Peña, de haber recibido presuntamente más de 4 millones de dólares para la campaña presidencial 2012, de parte de ese poderoso consorcio empresarial de Brasil.

A Peña Nieto se le acumulan los toros bravos y el año electoral ya comenzado parece estar montado en patines e intentar bajar por el resbaladillas.

Las posturas irreconciliables en el Senado afectan a todos los mexicanos y hoy jueves, si no hay acuerdo, habrá crisis legislativa en México. Y crisis en el aparato de procuración de justicia que parece tener como rehén el subprocurador Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho luego de la renuncia de Raúl Cervantes para abrir supuestamente el paso a la decisión senatorial de nombrar al Fiscal General que sustituirá a la figura de procurador general.

Con tales posturas la justicia parece estar sometida a juicio. A un juicio más que sumario: ¡sumarísimo!

Los plazos llegan hoy a su día fatal en el caso de la iniciativa de Ley de Ingresos 2018 que si no es aprobada castigará al Presupuesto de Egresos que la Cámara de Diputados no puede despachar si no hay legislación en materia de ingresos.

Y en el caso del fiscal cesado que atora la cuerda y asfixia al trompo, el término fatal es el viernes 3 de noviembre, cumplidos los 10 días que la ley manda, luego de haber sido cesado el 13 de octubre.

Pero hay algo más que ofende a quienes hacen las leyes y autorizan nombramientos, en el caso, el Senado y sus integrantes que aprobaron a Raúl Cervantes como titular de la PGR pero no echaron una “miradita” a quién llevó como segundo y, por su ausencia y por ley, su sustituto, en tanto se nombra nuevo procurador o fiscal.

Resulta que Elías Beltrán no puede despachar como encargado del despacho del PGR porque no cumple la ley primigenia: antigüedad mínima de 10 años como abogado.

Por los opositores, el diputado perredista Arturo Santana denunció que Elías Beltrán estudió en la Escuela Libre de Derecho y su cédula profesional es de 2011. No tiene pues los 10 años de ejercicio profesional que la ley le impone para estar, aunque sea de paso, en la titularidad de la PGR.

¿De quién es la responsabilidad de esta nueva tropelía al Estado de Derecho?

En consecuencia cualquier firma, cualquier acción, cualquier acuerdo que emita el hoy encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, son nulos de pleno derecho.

De ese tamaño es el atropello a la ley.

Estamos sin fiscal electoral y, conforme a Derecho, tampoco tenemos encargado del despacho en la PGR. Tampoco hay fiscal de la tan traída y llevada Anticorrupción.

Con algo que se antoja increíble, ¿quién debe ceder? El PRI no tiene la culpa total de que un mozalbete de la abogacía haya sido convertido, primero en subprocurador y luego, por ley que alguien o algunos se pasaron por el arco del triunfo, en encargado del despacho de la PGR.

Pero para bien de México, el PRI debe meter reversa y abrir la puerta a Santiago Nieto para que de nuevo tome asiento en la oficina central de la Fepade.

Después, si, después, habrá que esperar de ese que se definió como “hombre de leyes” en el despertar de tan bochornoso asunto, una renuncia por dignidad.

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