Después de muchas dudas en las elecciones federales de 1988 y con la necesidad de legitimar a la acción gubernamental se comenzaron una serie de reformas Constitucionales a fin de dar paso a lo que hoy conocemos con el INE. No obstante, al principio no se logró desprender de algunos personajes como era la figura del Secretario de Gobernación como Presidente del Consejo General, hasta diputados y senadores metidos como árbitros electorales.
Para la siguiente reforma se le dio la calidad de “ciudadano”, con todo lo que ello implica, -una pausa-, entiéndase como ciudadano el concepto que abarca el reconocimiento y ejercicio de los derechos individuales, la pertenencia a una comunidad política y la participación en la vida pública tal como establecen autores como Rubio. Que además en el caso de América Latina, el reconocimiento particular de ciudadano como portador de derechos viene acompañado del concepto de democratización frente a los regímenes otrora autoritarios, que justamente, violentaban los mismos. No nos referimos aquí a una discusión de antaño, si tiene la calidad de ciudadano pasivo o activo, sino al ciudadano que reivindica sus derechos y que es activo en la vida pública, que es titular de derechos y que los ejerce –hasta aquí la pausa-.
Surge entonces la figura de consejeros ciudadanos y consejeros electorales, que después de subsecuentes reformas nos dan una institución como el INE quien tiene la obligación de realizar elecciones e intentar que el resultado refleje la voluntad de nuestro país.
Sin embargo, hoy, como muchas de las instituciones públicas en nuestro país no gozan de amplia confianza, confianza que va acompañada de los resultados que tienen las instituciones de cara a la sociedad en México y sin duda, en tiempos electorales no podemos dejar de revisar lo que significa el árbitro y si genera confianza como un elemento indispensable de la democracia, pero no al revés, con muestras de opacidad, falta de transparencia, con fisuras en sus paredes que han sido golpeadas por sus propios integrantes.
Un árbitro que surge para –entre otras cosas- asegurar la participación ciudadana, la otra cara de la democracia representativa, es decir, como ente legitimador, uno de los tantos niveles donde la participación ciudadana se inscribe, además de la información, consulta, decisión, delegación, asociación y control.
Pero la confianza del árbitro está minada, tan solo en 2005 el 70 por ciento de los mexicanos confiaba mucho o algo en el INE (datos del INEGI), después de las elecciones de ese año cayó al 61 por ciento. Con datos de una reciente encuesta del presente año, realizada por el periódico El Financiero, el 44 por ciento de los electores dijo confiar mucho o algo en el INE, el 54 y 57 por ciento dijo confiar poco o nada en ellos. Ha caído de manera seria la confianza en la institución que nace del hartazgo de la población donde las elecciones eran una simulación, un teatro de lo absurdo para hoy presentar parcialidad en sus resoluciones, otras tantas omisiones ante las absurdas y risibles cifras de las finanzas de los partidos entre sus ingresos y egresos, tan solo basta revisar la página del INE para constatar lo que hasta enero pasado decían: las coaliciones presidencias reportan más gastos que ingresos, con un excedente de 4.5 millones de pesos, cuya autoridad presentaba ingresos por apenas 660 mil pesos, y gastos por casi 5.1 millones.
¿Nuestro sistema electoral falla? ¿El árbitro lo es realmente? Son muchas las dudas que deben ser aclaradas en este proceso de intercamapañas, porque nadie gana con un árbitro que no genera confianza, cuyo costo presupuestal es de los más altos del mundo y no alcanza a justificarse, porque nadie gana con una institución cuyos principales representantes han violado sistemáticamente la ley, que favorecen el dispendio de recursos, que trata como menores de edad a los votantes, con un Consejero Presidente que sin más ni más, se burla de cómo se expresan los indígenas, con un Consejero Presidente que puede pactar o “blindar” las elecciones próximas en secreto con una de las redes sociales más importantes bajo el argumento de “la promoción de la participación ciudadana”, pero sin hacerlo público, sin involucrar a los partidos, mucho menos a la ciudadanía (a la real, de carne y hueso).
Pero esto no es nuevo, ya desde 2013 y 2014, la institución en la figura de su Consejero Presidente, adjudicó el contrato proveniente de la licitación LP-IFE-2018/2013 a una empresa de origen alemán para la elaboración de nuestras credenciales para votar, lo que implicó, entre otras cosas dudas del manejo de millones de datos personales de los mexicanos, además de violar diversas leyes, como la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, pero estos datos serán motivo de otra entrega. Lo que por el momento podemos ir concluyendo es que la desconfianza es uno de los activos fuertes en el INE.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista y Doctor en Finanzas, Profesor Investigador de Varias Instituciones Públicas y Privadas.
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