Las familias de los normalistas desaparecidos y sus representantes legales consideraron que una enorme presión del Gobierno federal dio lugar a que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García, considerara que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial, que había ordenado la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad como mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
La decisión del magistrado “lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado. El acuerdo publicado el día de hoy muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, consideraron las familias.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que “el gobierno federal ha hecho todo lo posible por obstaculizar la creación de una comisión de investigación especial para investigar el caso Ayotzinapa, ordenada por un tribunal federal”, lo que muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes.
Las organizaciones recordaron que, de forma inédita, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha interpuesto más de 100 recursos y escritos jurídicos contra la sentencia por medio de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados. “Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”, lamentaron.
Las familias destacaron que la decisión del Magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión. “La SCJN debe tener una aproximación imparcial el caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del Gobierno Federal en el caso Ayotzinapa”, advirtieron las víctimas.
