Un reporte divulgado este miércoles 25 de julio por el portal Regeneración revela que “México empeoró mucho en 2017”, con un aumento de tres a 15 asesinatos de personas defensoras, en comparación con 2016, señaló la organización internacional Global Witness
Imagen: Isela González Díaz, Directora de Alianza Sierra Madre. Thom Pierce/Guardian/ Global Witness/UN Environment
Esto significa que 2017 fue el año más sangriento por su alto índice de muertes vinculadas con el sector agrario.
Esta es la conclusión del informe ¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017, presentado este día por la organización no gubernamental Global Witness (GW) en Londres, Inglaterra.
Las víctimas son, principalmente, líderes indígenas, dirigentes comunitarios y defensores del medioambiente, quienes son asesinados o sometidos a amenazas de muerte, arrestos, ciberataques, agresiones sexuales y demandas judiciales.
El informe destaca que durante el periodo analizado aumentaron significativamente los asesinatos relacionados con la “agricultura destructiva”, que “acapara tierras” para cultivos como el aceite de palma, destinados al comercio de “productos de consumo” y uso diario.
Es probable, señaló el informe, que la cifra de asesinatos sea “mucho mas alta”, dadas las graves limitaciones que deben enfrentar para evaluar los datos disponibles.
Una gran mayoría de las 207 personas defensoras asesinadas el año pasado provenía de América Latina, que sigue siendo la región más peligrosa para las y los defensores, representando el 60% de los asesinatos de 2017. Brasil tuvo el peor año registrado, en comparación con cualquier otro país del mundo, con 57 personas defensoras asesinadas.
El 60 % del total de muertes durante el pasado año ocurrió en Latinoamérica y, por primera vez, el sector agrario adelantó en todo el mundo al minero para convertirse en el más sangriento, con, al menos, 46 asesinatos relacionados con esta actividad.
La resistencia ante la caza ilegal también aumentó su peligrosidad en 2017, cuando se registró la cifra récord de 23 asesinatos, la mayoría de ellos de guardabosques en el continente africano.
Asimismo, vinculó a las fuerzas de seguridad de los países afectados con 53 del total de homicidios, mientras que “actores no estatales”, como bandas criminales, estuvieron implicados en 90 asesinatos.
Responsabilidad de proteger a los defensores
Recordó que “los gobiernos, empresas e inversores” tienen la obligación de “apoyar y proteger” a los activistas que se encuentran en situación de riesgo, al tiempo que las autoridades deben esforzarse por llevar ante la justicia a los responsables de los ataques.
“Pero lo más importante -dijo-, es que pueden evitar que estas amenazas surjan en primer lugar, escuchando a las comunidades locales, respetando sus derechos y asegurando que las empresas operan de manera responsable”.
Las víctimas mexicanas
Las personas defensoras de la tierra de nuestro país que Global Witness refiere como víctimas asesinadas en su informe 2017 son:
Marciano Martínez Cruz, Rafael Hernández Cisneros, Isidro Baldenegro López, Juan Ontiveros Ramos, Benjamín Juárez José, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Luna Crisanto, Miguel Ángel Vázquez Torres, Agustín Vázquez Torres, Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, Pablo Andrés Jiménez, Gabriel Ramos Olivera y Felipe Ramírez.
“Este informe y nuestra campaña están dedicados a todas aquellas personas, comunidades y organizaciones que valientemente toman una posición para defender los derechos humanos, su tierra y nuestro medio ambiente.
“Y reiteramos nuestra determinación de estar al lado de aquellos que continúan la lucha por un mundo mejor y arrojar luz sobre estos temas que a menudo están ocultos a la vista. No están solos. Se hará justicia.”
“México empeoró mucho”
Entre sus 10 hallazgos clave, el informe señala que “México empeoró mucho en 2017, con un aumento de tres a 15 asesinatos, en comparación con 2016.
”México es uno de los pocos países del mundo con una ley y un mecanismo específico para proteger a las personas defensoras de derechos humanos; pero no están funcionando de manera efectiva. Un estudio reciente de una coalición de ONG mexicanas concluyó que se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema.
Respecto a nuestro país, el informe señala que hubo un incremento de la violencia y el crimen organizado, por lo que aumenta la amenaza de las comunidades amenazadas en México.
Al menos 15 personas defensoras fueron asesinadas en 2017, en comparación con las tres personas asesinadas el año anterior. Casi las tres cuartas partes eran indígenas.
Además, “el crimen organizado se fortalece en un contexto de impunidad, lo que genera mayor violencia contra las personas defensoras, particularmente en aquellas áreas donde tienen presencia las pandillas vinculadas al narcotráfico”.
Agrega que las leyes sobre el consentimiento libre, previo e informado y las medidas para proteger a las personas defensoras no están siendo implementadas adecuadamente por el gobierno.
Recomendaciones al gobierno de México
– Abordar las causas fundamentales. Garantizar que evaluaciones de impacto social, ambiental y de derechos humanos se lleven a cabo antes del otorgamiento de cualquier permiso o concesión para proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales. Estas evaluaciones deben ser transparentes, informados y significativos y deben asegurar la participación de las comunidades potencialmente afectadas, mientras cualquier impacto identificado debe ser mitigado de una forma que los afectados consideren como adecuada.
– Apoyar y proteger a las personas defensoras. Implementar las recomendaciones del informe “Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano” de 2018 de la coalición Civil Society Space, sobre cómo fortalecer la implementación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
– Garantizar la rendición de cuentas. Asegurar que todas las investigaciones sobre crímenes contra personas defensoras consideren adecuadamente los motivos potenciales, relacionados con el activismo de la persona en el campo de los derechos humanos.
