WASHINGTON – La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, adelantó el borrador de un nuevo reglamento sobre “carga pública” que, de implementarse, negará la residencia permanente o visas a inmigrantes que han recibido una serie de beneficios públicos, como subsidios de vivienda, cupones de comida, “Medicaid”, o cobertura de medicamentos bajo “Medicare”.
El nuevo reglamento, que la Administración Trump ha venido promoviendo durante meses, aún no ha sido publicado formalmente en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”), como lo dicta la ley federal, pero afectará a centenares de miles de inmigrantes, tanto los que ya residen en EEUU como los que desean una visa de ingreso al país.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el objetivo es “asegurar que quienes buscan entrar y quedarse en EEUU, de forma temporal o permanente, puedan sostenerse financieramente y no dependerán de beneficios públicos”.
En ese sentido, Nielsen dijo que la meta del gobierno en promover la “autosuficiencia” de los inmigrantes, proteger los recursos limitados del programa de beneficencia pública, y evitar que los extranjeros sean una “carga” para los contribuyentes estadounidenses.
El reglamento básicamente impedirá que extranjeros que reciban o puedan recibir ciertos beneficios públicos por encima de un umbral establecido pueda hacer un ajuste migratorio o extender el período de sus visas.
Una vez que atraviese un período de comentarios públicos, el reglamento modificará sustancialmente el reglamento adoptado en 1999 que impuso restricciones para la obtención de la residencia permanente a quienes solicitaban ciertos subsidios del gobierno, pero que no castigaba a quienes reciben cobertura médica u otro beneficio público no monetario.
Grupos pro-inmigrantes de inmediato condenaron la decisión de la Administración Trump, al advertir que la medida obligará a gente pobre que depende de la ayuda pública a tener que escoger entre su sustento y la “tarjeta verde” para trabajar y permanecer legalmente en este país.
Los activistas han prometido luchar para evitar que el reglamento entre en vigor.
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