Javier Bárcenas
Con excepción del PRI, diputados en San Lázaro cuestionaron los programas sociales y los presuntos casos de corrupción durante la titularidad de Rosario Robles, como secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), al comparecer su titular, Eviel Pérez Magaña, en el marco del análisis del sexto y último informe de gobierno del Ejecutivo federal.
Legisladores de Morena, PAN, PES, PT, MC, PRD y PVEM cuestionaron al funcionario sobre el caso de la llamada “Estafa Maestra”, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, y respecto a los programas para migrantes, adultos mayores y de combate a la pobreza, entre otros.
Con la Sedesol inició la pasarela de 13 funcionarios federales que acudirán a la Cámara de Diputados a comparecer, ante el Pleno o comisiones, según les toca conforme al calendario ya programado por los diputados.
La diputada Dulce Villegas Guarderos (Morena) aseveró que el informe de gobierno “está lleno de falsedades y mentiras”, porque las cifras que muestra no tienen nada que ver con la realidad, y que la “precaria” reducción de la pobreza del 2.0 por ciento entre el 2012 y el 2016, fue porque se modificó el método de estimación de carencias.
El secretario aseguró que durante esta administración, la Sedesol, “en ningún momento ha tratado de cambiar la metodología de medición de la pobreza con el objetivo de incidir en los resultados”, ya que eso le corresponde y lo determina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
El diputado Xavier Azuara Zúñiga (PAN) preguntó a Pérez Magaña si los recursos de los programas sociales se manejan con transparencia y honestidad, y cuáles serían los resultados de la política social de este gobierno, si estos programas se aplicaran “sin mermas por corrupción”.
El funcionario federal enfatizó que, en este gobierno, ha sido una directriz denunciar cualquier acto de corrupción señalado por los órganos fiscalizadores o por los ciudadanos y subrayó que la institución coadyuvará con todos los elementos necesarios, para que se termine con este problema que lastima a todos.
Por su parte, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) reconoció que la Sedesol realiza un intenso trabajo de negociación y acercamiento con los clubes y federaciones de paisanos que radican en los Estados Unidos, con el objetivo de incrementar los recursos que se destinan al programa 3×1 para migrantes.
La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (PES) cuestionó al funcionario sobre cuáles fueron las acciones que implementó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) “para empoderar, dignificar y dotar de autosuficiencia a quienes pertenecen a este sector poblacional, ya que muchos de ellos carecen de una pensión”.
Pérez Magaña especificó que, en lo que va de este año, el Inapam ha brindado 512 mil tarjetas que ofrecen trato preferencial y descuentos, “en total, en este sexenio se han entregado 6.4 millones de tarjetas”. Además, “se han otorgado más de 12 mil 14 servicios médicos y se ha incorporado a casi 11 mil adultos mayores a alguna actividad productiva”.
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) afirmó que la política social del actual gobierno “tiene como apellido la corrupción”, ya que más bien parecía “política antisocial”. Recordó que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tercera parte de los hogares tuvieron dificultades para satisfacer necesidades alimentarias.
El secretario expresó su disposición a colaborar con las autoridades competentes entregando todo lo que se requiera de información y documentación, y dijo que no ha recibido una sola presión de nadie.
La diputada Maiella Martha Gómez Maldonado (MC) indicó que el Coneval identificó seis mil 491 programas que atienden a población vulnerable, en los tres niveles de gobierno, y cuestionó cuántos de ellos son transparentes y tienen padrones de beneficiarios.
La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) interrogó al funcionario sobre si la dependencia a su cargo ha realizado alguna investigación interna en torno a llamada “Estafa maestra”, que presuntamente involucró desvíos de recursos mediante esquemas de simulación de servicios que se ejecutaron aparentemente entre 2013 y 2014, y los avances en materia da igualdad de género.
