Entre los médicos designados por el gobierno de Estados Unidos para realizar revisiones a los inmigrantes que buscan la residencia permanente hay decenas con antecedentes de “infracciones atroces”, según un informerealizado por un organismo de control federal.

En el estudio se investigó a más de 5500 médicos de todo el país que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) reclutó desde junio de 2017 para examinar a los solicitantes de residencia permanente. Más de 130 tienen antecedentes delictivos; entre ellos, un médico que explotó sexualmente a mujeres que fueron sus pacientes y otro que intentó mandar matar a un paciente insatisfecho, según registra el informe.

El documento que divulgó la semana pasada la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional señala que la falta de eficacia al momento de investigar a los médicos ponía “en riesgo de abuso” a los inmigrantes.

“El USCIS no investiga de manera adecuada a los médicos que designa para realizar los exámenes médicos obligatorios de estos ciudadanos extranjeros, y ha nombrado a doctores con un historial de abuso de pacientes o con antecedentes penales”, afirma el informe. “Esto ocurre porque el USCIS no tiene políticas que garanticen la designación de médicos aptos únicamente”.

Alma Rosa Nieto, abogada de asuntos migratorios y vicepresidenta del comité de medios de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana, señaló que los hallazgos del informe eran “muy inquietantes y aterradores”, en particular porque las personas que se someten a los exámenes son vulnerables. “Son personas que están muy necesitadas”, expresó Nieto. “Están desesperadas por obtener su residencia permanente”.

Los doctores deben postularse para ser parte del equipo de evaluadores del gobierno. Una vez que los aceptan, realizan los exámenes médicos obligatorios a los inmigrantes que buscan convertirse en residentes permanentes. Los inmigrantes pueden ser rechazados si tienen una enfermedad que pudiera ser una amenaza para la salud pública, si sufren un trastorno mental que pudiera amenazar a los demás o si son drogadictos.

El informe no identifica a los médicos que estuvieron involucrados en delitos, ni tampoco revela si continúan en la lista aprobada por el gobierno.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, L. Francis Cissna, le comunicó a la Oficina del Inspector General que la agencia estaba trabajando para solucionar las inquietudes que generó el informe, y que “se necesitaba realizar acciones más profundas”, de acuerdo con una vocera. El pasado miércoles, una portavoz de la Oficina del Inspector General se rehusó a dar declaraciones sobre la investigación.

De un equipo que cuenta con un total de 5569 doctores, 132 fueron declarados culpables de cometer algún crimen, fueron penalizados por las juntas médicas estatales o habían enfrentado algún otro tipo de sanción, según el informe. Entre estos, hay doctores culpables de realizar fraudes en el servicio de salud, médicos que no habían pagado préstamos o becas estudiantiles y otros que estuvieron “involucrados en conductas deshonestas, repugnantes y, en repetidas ocasiones, negligentes respecto del cuidado y tratamiento de los pacientes”. El documento no brindó un desglose específico.

En una muestra de 135 doctores, el 14 por ciento no tenía la documentación necesaria, incluidos los certificados de los grados de médico.

“Para proteger a estos ciudadanos extranjeros de un riesgo para su salud y su seguridad, el USCIS debería realizar una evaluación minuciosa de los galenos antes de permitirles ser médicos de migración”, aconseja el informe.

En el informe también se encontraron fallas en las mismas pruebas médicas y se mencionó que cabía la posibilidad de que el público quedara expuesto a riesgos para la salud. En un análisis de 151 archivos de inmigrantes que recibieron la aprobación para obtener la residencia permanente, se encontraron errores en 44 formularios, tales como la falta de comprobantes de vacunación o de pruebas médicas obligatorias.

“Como resultado, el USCIS no puede garantizar que los médicos de migrantes hayan administrado todas las pruebas y vacunas requeridas, y tal vez otorgaron el estatus legal de residencia permanente a ciudadanos extranjeros que son inadmisibles en términos médicos y que podrían representar un riesgo para la salud de la población estadounidense”, menciona el informe.

Nieto afirmó que no le sorprendían los hallazgos y que era usual que los expedientes de sus clientes tuvieran errores. También señaló que les había aconsejado que se realizaran pruebas médicas independientes, si era posible, aunque les costara más tiempo y dinero.

“Mis clientes regresan con informes que están incompletos o son imprecisos”, comentó.