Javier Bárcenas
Autoridades del Gobierno federal deberán presentar evidencias, el próximo 27 marzo, en audiencia Constitucional, contra Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por presunto lavado de dinero, quien obtuvo un amparo contra la acción de la justicia.
El Juez Décimo de Distrito de Amparo de la Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional para evitar la violación de las garantías individuales contra Sosa Castelán, luego de que las autoridades federales lo señalaron como presunto lavador de dinero.
Ante ello, el juez ordenó la audiencia incidental el 19 de marzo, en donde la autoridad responsable tendrá que rendir informes previos, y el día 27 de marzo se llevará a cabo la audiencia Constitucional donde la autoridad responsable tendrá la obligación de justificar las acusaciones.
Tras darse a conocer, por parte del responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, del aseguramiento de cuentas bancarias de Sosa Castelán, las autoridades responsables, la Fiscalía General de la República, el Fiscal de Delitos Financieros de la SEIDO, de la Unidad de Lavado de Dinero de la SEIDO, la Fiscalía de Delitos Electorales y el director de la desaparecida AFI, deberán presentar pruebas.
La defensa de Sosa Castelán, el abogado penalista y de amparo, Alberto Woolrich, refirió que ante los señalamientos de las autoridades de que con el supuesto dinero ilícito se compraron diputaciones federales para el partido Morena, “lo cual es falso”, la Fiscalía de Delitos Electorales deberá demostrar con evidencias las acusaciones.
Presuntamente basados en notas periodísticas, señaló el abogado, las autoridades investigan a Sosa Castelán con vínculos con el ex presidente Enrique Peña Nieto, y con la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, de quienes lavó 150 millones de dólares, “lo cual es falso y deberán probarlo”.
La defensa manifestó que no existe temor alguno por parte de su cliente, sino únicamente se dio trámite al juicio de amparo a fin de se respeten las garantías individuales de Gerardo Sosa, quien ha sido el primer solicitante para que intervenga el Fiscal General en el caso.
“El traslado de dinero, mismo que no configura el delito de lavado de dinero, ya que el mismo proviene de ingresos legales de la propia Universidad Autónoma de Hidalgo y que no une ni al patronato ni a la Universidad relación alguna con el ex presidente Enrique Peña Nieto, ni con Rosario Robles Berlanga, ni con ningún acto de corrupción, como podrá acreditar en la indagación que actue el propio Fiscal de la nación”, manifestó la defensa.
