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- ¿Ahora sí habrá justicia?
- ¿Se castigará la sevicia?
Se va la vida y hay quienes se la pasan por el arco del triunfo, no viven; mueren, o viven muriendo y… torturando, matando física, emocional o espiritualmente a los demás. Esto ha venido ocurriendo, desde hace casi dos décadas, a una docena de mujeres que, en las manifestaciones de campesinos sin tierra de San Salvador Atenco, en oposición a la decisión de construir un gran aeropuerto en la zona, fueron brutalmente reprimidos por policía federales y estatales.
Los disturbios de Atenco de 2006 – registra Wikipedia – fueron una serie de enfrentamientos violentos en la comunidad de San Salvador Atenco, cerca de Texcoco, en el Estado de México, entre la Policía Federal Preventiva , la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, la policía municipal y habitantes del pueblo, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y otros adherentes a La Otra Campaña del EZLN.
La represión, ordenada por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dejó como resultado el asesinato del estudiante de la UNAM, Alexis Benhumea Ramírez, y Javier Cortés Santiago, joven de 14 años muerto por un impacto de bala y no por un cohetón, así como la detención de 207 personas —entre ellas 10 menores de edad—, 146 detenciones arbitrarias, la expulsión de cinco extranjeros y quejas contra elementos policiacos por presuntas vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en dichos hechos hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal y el Gobierno del Estado de México cometieron “violaciones graves de garantías individuales” en contra de pobladores de donde ocurrieron los hechos, activistas y periodistas.
En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la petición inicial hecha en 2008 por once mujeres víctimas de distintas conductas criminales en los hechos, representadas por el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Luego de procesos jurídicos, la CIDH emitió el Informe número 74.15 del caso 12.846, en el cual dicho organismo determinó que el gobierno de México en distintos niveles fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, sicológicas y sexuales, carencia de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos de las víctimas, y emitió una serie de recomendaciones al mismo, las cuales fueron desatendidas, por lo cual el caso fue trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. en la cual se encuentra. En una audiencia pública realizada por este tribunal internacional en 2017 a las once mujeres víctimas peticionarias, la CIDH destacó que dada la severidad de la violencia a las víctimas por las policías mexicanas, el caso es “emblemático por la tortura y discriminación por razones de género”.
Pero como a todo santo se le llega su día, este jueves 4 de abril se instaló formalmente la mesa para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Entre los primeros acuerdos alcanzados se encuentra que se comenzará por atender los puntos relacionados con la investigación penal, medidas de no repetición y atención de salud.
En la reunión estuvieron presentes una delegación de las mujeres denunciantes, sus representantes legales y representantes de diversas dependencias y organismos federales y del Estado de México, convocados por la Secretaría de Gobernación (Segob).
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, afirmó que el Gobierno federal cumplirá cabalmente la sentencia y que no se revictimizará a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual.
La Corte IDH notificó en diciembre de 2018, tras más de 12 años de lucha de las mujeres, que había adoptado una sentencia en la que declaraba la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia, entre otras, en ocasión de la represión policial, desplegada el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
La Corte IDH ordenó al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos con perspectiva de género y que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal. También señaló que se deben implementar medidas para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policíaca.
De acuerdo con las organizaciones acompañantes de las mujeres, Cejil y el Centro Prodh, la sentencia contiene puntos clave que deben guiar la agenda estructural sobre derechos humanos, como los controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales y el fortalecimiento del Mecanismo de la Segob para atender casos de tortura sexual.
“Las sentencias de la Corte IDH son de carácter vinculante para México, por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana. La mesa realizada hoy es un primer paso en este cumplimiento”, consideraron. “Si hay un adecuado cumplimiento de la sentencia, el Estado tendrá la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contextos”. [email protected]
