DIARIO LEGISLATIVO
Pedro Jiménez Rodríguez
Algo huele mal en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados.
Ciertamente esa dirección ha sido, desde que fue creada, un nido de corrupción, pues es ahí donde se manejan contratos millonarios, con la compra y concesión de materiales y servicios.
Tal vez por eso, pensando en que un amigo podría limpiar esa dirección, el todo poderoso presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, confió la dirección general de Recursos Materiales y Servicios a Juan Alberto Armendáriz Martínez.
Lo que no sabía o prefirió pasar por alto el diputado Delgado Carrillo, es que Juan Alberto fue inhabilitado para ejercer un cargo en el servicio público.
La historia es la siguiente:
Juan Alberto Armendáriz, fue subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración en el gobierno de Puebla, durante la administración del hoy prófugo de la justicia, Mario Marín Torres.
Desde esa subsecretaría, el buen Juan Alberto hizo muchas cosas, pero entre lo malo que le detectaron y que propicio que lo inhabilitara la Contraloría poblana, en la administración del desaparecido Rafael Moreno Valle, fue su asociación con la financiera Coofia.
Eso sería lo de menos, sino fuera porque la firma de ese convenio entre el gobierno del estado y Financiera Coofia, provocó que se defraudara a muchos poblanos.
Es que la Financiera Coofia recibía el pago de los contribuyentes de los derechos de tenencia vehicular, la licencia de conducir y las placas de circulación, en sus 44 oficinas de esta empresa, pero además los burócratas del estado podían gestionar préstamos personales de entre 5 mil y 50 mil pesos.
Aprovechándose de este convenio y la publicidad oficial, Financiera Coofia defraudó a cientos de personas de Puebla que le confiaron sus ahorros e inversiones en espera de mejores rendimientos.
El monto estimado del fraude fue alrededor de 340 millones de pesos.
Por este fraude, Juan Alberto Armendáriz fue vinculado a proceso administrativo que concluyó con su inhabilitación del servicio público el 6 de mayo de 2016.
Fue la Secretaría de la Contraloría, en el sexenio de Rafael Moreno Valle, la que lo inhabilitó por 12 años, al encontrarlo culpable de un daño patrimonial de 81 millones 761 mil pesos y le fijó una sanción económica de 18 meses de salario mínimo.
Armendáris se inconformó y promovió un recurso de revocación, pero el Tribunal de Justicia Administrativa desechó sus alegatos y confirmó las sanciones, como consta en el juicio contencioso administrativo con el número 346/2018-TJAEP-JCA-05-15 de la Quinta Sala del referido Tribunal.
Al parecer ya le pidió la renuncia Mario Delgado, pero a la fecha Juan Alberto Armendáriz sigue al frente de la dirección e incluso se le vincula en la manipulación de un contrato millonario para darle mantenimiento al equipo de aire acondicionado del Palacio Legislativo.
Veremos, veremos.
