Prisma empresarial
Gerardo Flores Ledesma (*)
A PESAR de las multimillonarias inyecciones de recursos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ejercido en favor de Pemex para tornar a la petrolera en un ente productivo en menos de tres años y con plenos resultados positivos antes de que termine el sexenio, las calificadoras internacionales siguen apáticas y con el dedo en el gatillo para dar el tiro de gracia al papel de la paraestatal, sin importar si le concederán, además, beneficios fiscales para sacarla del marasmo en el que se encuentra.
Pemex, con todo y el plan de negocios presentado la semana pasada, al cual se le debe dar el beneficio de la duda, debe más de 180 mil millones de pesos, producto de las abultadas exposiciones de deuda a las que fue sometida por los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, principalmente.
El plan de negocios de Pemex, como subrayan los empresarios que conocen la problemática de la petrolera, tranquiliza en el corto plazo, pero es insuficiente para el mediano y largo plazos.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Pemex enfrenta serios problemas en varios frentes que podrían descarrilar al denominado “Plan de negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 2019-2023”.
Para el actual gobierno, las prioridades de Pemex son aumentar la producción de crudo y sus reservas, detener el endeudamiento de Pemex y mejorar su balance financiero. Para ello, se plantea un aumento en la inversión principalmente entre 2020 y 2022 apoyado principalmente en una inyección de recursos del gobierno federal y en una reducción de su carga fiscal.
Sin embargo, el plan de negocios implica una fuerte presión sobre las finanzas públicas que se sumarán a los desequilibrios probables que se aprecian para los próximos años.
El plan no plantea estrategias para elevar la inversión privada que tenga por objetivo incrementar la producción y las reservas y darle viabilidad a Pemex.
En el plan no se ventilan las perspectivas a corto y mediano plazo sobre el precio del petróleo, la rentabilidad del negocio, las capacidades de producción y exploración de petróleo (PEP) y únicamente se toman en cuenta los subsidios que correrán por cuenta del gobierno y los contribuyentes.
Para el CEESP un aspecto muy grave del que adolece el plan de negocios de Pemex, es el pasivo laboral. Simplemente se ignoró, y advierte que los recursos que el gobierno piensa reasignar desde las finanzas federales hacia Pemex son cuantiosos: 111 mil millones de pesos en 2020; 121 mil millones de pesos en 2021, y 37 mil millones de pesos en 2022, lo que se antoja difícil para la salud y equilibrio de las finanzas públicas, el cuidado del déficit fiscal y la cordura de la Ley de Austeridad Republicana.
Las calificadoras están evaluando al país, los bonos soberanos, los de Pemex, los de la banca de desarrollo, los privados, y las noticias podrían no ser gratas en los próximos meses.
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LA LEY de Austeridad Republicana fue bienvenida desde su anuncio porque acotó muchas de las avenidas de la corrupción, pero ya llegó el momento de soltar gasto público para la reactivación de la economía que tanta falta hace.
Es plausible que se frenarán los abusos y los privilegios de muchos políticos que se enriquecieron de los excesos de los presupuestos públicos, pero la gente se pregunta cuándo van a quitarle a los bandidos los cientos de miles de millones de pesos que tienen en sus cuentas bancarias nacionales y extranjeras, y sobre las cuales hay mucha secrecía. Con una removida que le dieran al sistema bancaria se podrían recuperan muchos recursos que fueron saqueados en años pasados.
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HACE UNOS días, la diputada panista María de los Ángeles Gutiérrez Valdez planteó reformar el artículo 162 del Código Penal Federal en materia de armas prohibidas con el objetivo de incrementar los años de prisión y las multas a quien venda pistolas o revólveres de cualquier forma, inclusive por internet, porque la adquisición de estos artefactos se ha incrementado.
En la propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, se pide la aplicación de 8 meses a 4 años de prisión o de 200 a 500 días multa y decomiso, para quien oferte esos artículos mortales.
Todos estos cambios en la ley se efectuarán, porque han aumentado los delitos cometidos por la portación de armas exclusivas del Ejército están los robos total o parcial de vehículo, en casa habitación, asalto en calle o transporte público, fraude, extorsión, amenazas verbales y lesiones.
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(*) Socio Numerario de la Academia de Periodismo y Comunicación Social
(*) Miembro de Vanguardia en línea y de Consorcio de Medios Digitales SA de CV
(*) Socio de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT)
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