El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad las reformas al Código Penal local, con lo que se incrementan las penas de prisión para delitos de alto impacto social, entre los que se encuentran el feminicidio, el robo en sus diversas modalidades, la extorsión y el despojo; además, las modificaciones buscan “cerrar la puerta giratoria” a los delincuentes reincidentes, a quienes se les retiran todos los beneficios penales.
En sesión ordinaria extraordinaria, el Poder Legislativo local avaló reformar también la Ley de Cultura Cívica, para eliminar del Código Penal el delito de ultraje a las autoridades y especificar, en cambio, que será intimidar o incitar a la violencia contra de integrantes de alguna corporación de seguridad ciudadana será una infracción administrativa contra la dignidad de las personas. La pena aplicable en este caso será de entre 20 y hasta 36 horas de trabajo comunitario inconmutable.
De las modificaciones al Código Penal de la CDMX destaca el castigo al delito de feminicidio, con una pena de 35 a 70 años de prisión; también se incrementan las sanciones para el delito de robo: cuando se trate a casa-habitación la pena será de ocho años; el robo de autopartes se sancionará hasta con seis años de cárcel; el de vehículo se castigará hasta con ocho años; el robo de celular se castigará con hasta seis años de prisión.
Si el robo se comete a bordo de una motocicleta, la sanción será de hasta seis años de prisión; el robo a cuentahabiente se castigará con hasta 10 años de prisión, pena que aumentará al doble si la persona que participa es o fue servidor público.
En el caso de la extorsión, la pena será de hasta 10 años de cárcel y la sanción se duplicará cuando participe un elemento de alguna corporación policiaca. Se aplicará una sanción adicional cuando intervengan una o más personas armadas.
Con las reformas, además, se “cerrará” la puerta giratoria en el caso de delincuentes reincidentes. En delitos graves, la segunda comisión de un delito tendrá una pena adicional de las dos terceras partes que corresponda.
También se reformó lo correspondiente al despojo, uno de los delitos con mayor incidencia en los últimos años. Se aplicará una sanción de hasta cinco años de prisión en el despojo básico; una pena de hasta 10 años cuando éste se ejecute por un grupo de tres o más personas o cuando la víctima sea mayor de 60 años de edad.
