DE FRENTE Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
Hace poco tiempo, el Partido Verde se pronunció en favor de reactivar la pena de muerte en México, para aquellos delitos de alto impacto, con lo que reabrió un debate que pronto fue sofocado.
Causó extrañeza que un partido político como el Verde soltara esta propuesta que pronto fue rezagada y hasta enviado al baúl de los recuerdos, por venir de un organismo con el carácter del Verde.
Sin embargo, tal vez sea este el momento de revivirlo y discutirlo a fondo y ver las consecuencias que traería su aplicación en que delitos se podría aplicar y de qué manera hacerlo.
Es cierto que la violencia no se apaga con mayor violencia y que en un país humanitario como ha sido siempre México se vería mal la adopción de una pena como esta, pero hay situaciones en que se evidencia que los delincuentes no actúan como humanos sino como fieras.
Los dos casos más recientes representativos de la forma de actuar de algunos de esas organizaciones delictivas que han sentado sus reales en algunas entidades del país es lo acontecido en Culiacán, Sinaloa y en los límites de Sonora y Chihuahua.
En el primero de los casos, los delincuentes se apoderaron de la capital del estado de Sinaloa, hicieron sonar sus fusiles y todo tipo de armas de alto poder, logrando canjear a uno de sus jefes a cambio de respetar la vida de la población que mantenían cautiva.
La amenaza se centraba en familiares de integrantes de las fuerzas armadas, los que harían volar con explosivos o asesinar con sus armas de alto poder, de no entregarle al jefe de su organización delictiva.
De lo ocurrido con la familia LeBaron, está muy fresco el recuerdo, en que indiscriminadamente fueron asesinados 6 niños y 3 mujeres, aunque no se sabe bien a bien si se trató de una venganza (como asegura la familia) o de un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, en que fueron masacrados por un fuego cruzado.
En asuntos como este surge la necesidad de que los delincuentes, en caso de que los lleguen a detener, se sometan a fuertes penas.
Y es que en países como China y algunos islámicos se procede a la pena capital en casos varios y de esa manera se aminoran los delitos graves.
La aplicación de la pena capital se da en casos de crímenes comprobados, ya que se considera que ninguna sociedad merece vivir con tanto miedo. En su concepto se establece que la eliminación de criminales peligrosos atemoriza al resto de los delincuentes.
En algunas de esas naciones, la pena de muerte no solamente se aplica para criminales peligrosos, sino que también alcanza con la pena de muerte o severos castigos para los políticos corruptos.
Valdría le pena reflexionar si en México estos conceptos se podrían aplicar, en casos extraordinarios, aunque para ello habría que revivir el debate, tal vez valga la pena hacerlo.
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Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, rindió su primer informe de Gobierno, sin grandes cosas que contar o recapitular.
El gobernante de MORENA arribó al cargo que ostenta con una gran votación y con una población esperanzada en que su administración cumpliera con sus promesas de campaña, pero en realidad nada ha pasado. La situación es similar a la vivida en anteriores sexenios, con una población con grandes carencias, inseguridad y sumida en la violencia.
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