El modelo de los derechos humanos, implantado con la reforma constitucional de septiembre de 1999, está agotado y se debe lograr una reforma que exija comunicación directa de la Comisión Nacional con las víctimas y las contrapartes, afirmó la Ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, al presentar su informe de actividades 2019 ante la Comisión Permanente del Congreso.
En la actualidad se buscan los mecanismos para que haya un acercamiento de la CNDH y las víctimas, así como módulos a fin de dar plena accesibilidad, sobre todo en torno a la protección de las mujeres, periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes y pueblos indígenas.
Sin embargo, advirtió que es necesario armonizar la normativa de la CNDH con los principios constitucionales e internacionales, para evitar todo tipo de discriminación. Además, se deberá armonizar leyes y reglamentación secundaria de todo el país.
Piedra Ibarra subrayó que, desde su creación la CNDH ha sido débil, cuando no omisa, en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los mexicanos. “Se consideró que la comisión no debía asumir un papel activo en la garantía de la salud, la vivienda, educación o la cultura, pero es prioritario defender esos derechos”.
Por años se ha mantenido una baja emisión de recomendaciones (de respeto a los derechos humanos), con inadecuada o insuficiente investigación de los casos, lo cual debe revertirse; además, promover comunicación directa y permanente con los colectivos comprometidos en la causa y las cámaras del Congreso, de manera que el resultado sea una CNDH más eficaz y fortalecida, dijo.
En cuanto al presupuesto para la Comisión, explicó que éste se incrementó desproporcionadamente, lo que hizo de la oficina del ombudsperson la más costosa de América Latina, y con los resultados más decepcionantes y pobres.
Piedra Ibarra advirtió que no se necesita un inmenso aparato burocrático ni cuantiosos recursos, sino someterse a la Ley de Austeridad Republicana. La propuesta, dijo, conlleva un ahorro de 30 por ciento en las visitadurías y la Dirección General de Quejas. Además, es necesario fortalecer el Consejo Consultivo y potenciar su papel.
En su administración, afirmó, se venderán los autos blindados y de lujo y no habrá privilegios de cualquier índole. “A nuestra llegada se retabularon los sueldos de altos mandos; ahora nadie gana más que el salario presidencial, y se quitaron bonos, primas, ayudas, falsos estímulos, celulares, y se retiró una plaza de chef”.
Indicó que tampoco habrá gastos en eventos, viajes al extranjero, salvo los que redunden en el beneficio real para las víctimas. Queremos que la CNDH sea la más eficiente en su tarea.
Sobre el caso de Ayotzinapa, expuso, los puntos recomendatorios no se pueden calificar en su estado o nivel de cumplimiento, porque la oficina especial de ese suceso determinó una forma diferente de clasificarlo, distinta a lo establecido por el reglamento interno de la CNDH. “Por eso tendremos que valorarla junto con los familiares de los desaparecidos y encontrar la mejor forma de avanzar a sus demandas”.
