DE FRENTE Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
Sin conocer los resultados de las investigaciones que se realizan a directivos de hospitales públicos y el grado de responsabilidades que pueden tener en la carencia de ciertos medicamentos, vale preguntarse qué estaba haciendo el gobierno en este terreno.
Desde hace mucho tiempo se sabe que el mercado de fármacos es sumamente rentable y que la disputa por el mismo tiene un alto costo para los que quieren estar dentro del mismo.
Es tan rentable que una serie de funcionarios de mediano rango que han tenido a su cargo la licitación y compra de medicamentos en distintas dependencias del sector público han salido con las bolsas y cuentas bancarias repletas de dinero.
Tan es conocido el tema que se intentó hacer las llamadas compras consolidadas para abatir los elevados costos y tener cubiertos los centros de salud pública, aunque la intentona no fructificó.
Al arribo del nuevo gobierno, uno de los propósitos del Ejecutivo federal fue el de terminar con todo ese mercado negro de los medicamentos, donde una serie de personajes de alto nivel fueron involucrados, como recipiendarios de los altos beneficios que se obtenían por simples recomendaciones o por estar como parte oculta de una sociedad con algunos laboratorios.
La acción fue directa, varios laboratorios fueron sancionados, otros más vetados, aunque la reacción inmediata de otros más fue dejar de producir las sales necesarias, creando una situación de desabasto.
Y aunque la escasez se presentó en productos de diversos tipos, la situación de falta de abastecimiento de los enfermos de cáncer es la más dramática, especialmente lo concerniente a los medicamentos necesarios para las quimios, los que alcanzaron precios estratosféricos.
La producción de los mismos bajó y el precio subió, mientras que en el gobierno federal se aseguraba que el abasto era suficiente y que se cubrirían las necesidades.
La situación se complicó por lo que se recurrió a que los enfermos o familiares de los mismos buscaran por su lado esos medicamentos y se procediera a conseguir factura de los mismos, comprometiéndose las instituciones médicas a cubrir su costo.
De esa forma se palió un poco el problema, sin solucionarlo totalmente, pues medicamentos como Vincristina, Ciclofosfamida, Daunorrubicina, Vinplastina, Mitomicina, Citarabina y Doxorrubicin, entre otros, siguen faltando, aunque en algunos momentos se cubren ciertas cuotas que no resuelven el problema.
Ahora se investigará a los directivos de algunos de los hospitales en crisis para definir el porqué del desabasto, ya que se sospecha que en algunos casos se trata de una escasez provocada por partes interesadas.
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La fiscalía de Baja California, encabezada por Guillermo Ruiz, procedió al decomiso de 317 máquinas tragamonedas, mismas que fueron destruidas, durante un operativo contra el delito de corrupción de menores.
De esta forma, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez continúa en su lucha contra la corrupción de menores, por lo que fueron endurecidas la penalización para quienes infrinjan leyes relacionadas con el tema.
El gobierno de Baja california pretende sacar de las calles estas máquinas que influyen negativamente en la conducta de niños y jóvenes.
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