Ante la incesante violencia en los municipios tzotziles de Chenalhó y Aldama, en el estado de Chiapas, el Centro Nacional de Cultura de Paz, DespertarEs, Derechos Humanos, A.C. y FISANIM (Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México) llaman a las autoridades a desmantelar las redes paramilitares que amenazan permanentemente a las comunidades indígenas.
El pasado 16 de agosto, un grupo civil armado, proveniente de Santa Martha, Chenalhó, atacó a las comunidades de Yeton, Ch’ivit y Stzelejpotobtik del municipio de Aldama, pese a que semana y media previa a este ataque se había firmado, por segunda ocasión, un pacto de no agresión como resultado del asesinato de 24 indígenas.
Este pacto tuvo como testigos de honor al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, así como la firma de las partes, la alcaldesa de Aldama, Verónica Ruiz Pérez, y el alcalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez. Sin embargo, la violencia ha vuelto y ésta ha recalcado el trabajo superficial de las autoridades locales y federales, sin tener un compromiso verdadero para erradicar el paramilitarismo en la región.
Es por esta razón que las organizaciones defensoras exigen al Estado mexicano implementar de manera expedita las siguientes medidas de resolución pacífica:
- Atención integral y protección a las víctimas de la violencia en Aldama y Chenalhó, Chiapas, especialmente a aquellas que han sufrido el asesinato de algún familiar y/o han resultado lesionadas (física y emocionalmente) por los ataques terroristas en la región.
- Atención inmediata e integral de las autoridades estatales y federales al tema de la violencia armada entre los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas.
- Investigación estratégica sobre la detección del origen del financiamiento a grupos paramilitares.
- Que las autoridades civiles lleven a juicio a los autores materiales e intelectuales de estas acciones, además de investigar sus conexiones para identificar y llevar a juicio a líderes de estas células paramilitares; investigar sus conexiones con autoridades locales, estatales y federales (de esta o de anteriores administraciones) para actuar contra esa red de corrupción y llevarlos también ante la justicia.
- Solicitar la intervención de las Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en la reparación socioemocional e integral de los pobladores afectados.
- Garantizar un proceso de pacificación real y no de eventos protocolarios superficiales que solamente dotan de notas periodísticas, no de soluciones concretas para las poblaciones de los municipios en conflicto.
- Atención URGENTE a la guerra de baja intensidad que vive nuestro país en otros estados con desplazamientos, ataques contra periodistas, desaparecidos, desaparecidas, feminicidios, violencia contra pueblos indígenas y campesinos.
- Implementar el conjunto de acciones, instituciones y procesos que permitan al país y a la región pasar de un régimen de impunidad a uno de justicia y verdad, reparación del daño Integral, devolución de sus tierras, cumplimiento a cabalidad de los acuerdos previamente acordados y signados entre ellos.
- Activar herramientas por la cultura de paz a través de las instancias federales especializadas en colaboración con las instancias de la sociedad civil.
La violencia en los municipios tzotziles que, desde hace décadas, devasta la región –siendo la más emblemática por artera y cruenta la matanza de 45 indígenas y mártires, pertenecientes a la pacífica comunidad de Las Abejas en Acteal en el año 1997- persiste y ha ocasionado que esas tierras sean escenario de constantes balaceras, aislamiento y muerte.
Van al menos 26 ataques con armas de alto calibre, realizados por grupos civiles armados de corte paramilitar, que operan en esa región y cuya procedencia debe investigarse. Las víctimas desplazadas son principalmente mujeres y niños.
Este clima de violencia terrorista provoca desplazamientos internos forzados, inseguridad en la población, afectación a la libertad de tránsito, desabasto de productos básicos y, por ende, malnutrición en sus habitantes, violencia física, psicológica y política. Lo anterior impide el desarrollo adecuado de los y las menores en la región, aumenta la brecha de la violencia machista y hunde en una pobreza extrema, todavía más lacerante, a cientos de familias.
El CNCPaz, A.C., llama a la población nacional a sumarse al pronunciamiento con más de 440 firmas al momento, entre las que destacan figuras públicas reconocidas como Julieta Egurrola, Damián Alcázar, Luisa Huertas, Demián Bichir, Sophie Alexander-Katz, Regina Blandón, Roco Pachukote, Daniel Giménez Cacho, entre otras.
Así mismo se han sumado organismos de la sociedad civil y la defensa de los Derechos Humanos de relevancia nacional e internacional como: la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM; El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); El Colectivo Brujas del Mar y Lokal.org de Barcelona, España.
Como ciudadanía e instancias ocupadas en la construcción de paz, apelamos a las instituciones oficiales y civiles correspondientes para la atención inmediata del Objetivo 16 de la agenda 2030 de la ONU: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; mismo que conforma los 17 Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la que México suscribe, declararon las entidades declarantes.
Finalmente, concluyen: “Solicitamos especial atención para la implementación de los mecanismos de JUSTICIA TRANSICIONAL por la transformación del país hacia un Estado de Paz”.
Si deseas formar parte de este llamado, ingresa en la siguiente liga.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2TCgukTQRpOL6ejDWYs8_USOPkrfuDpikfGdtIya4ONcVAg/viewform
