Un juez dictó auto de formal prisión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, dio a conocer este miércoles la organización Artículo 19, de acuerdo con reporte del portal informeconfidencial.mx
«ARTICLE 19 y @lydiacachosi celebran la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, por medio de la cual se dictó el auto de formal prisión contra Mario Marín, exgobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista», publicó en su cuenta de Twitter.
La agrupación reiteró que seguirán buscando justicia y que sea procesado el “góber precioso”.
«La justicia no será plena hasta que el exgobernador sea condenado y, junto a él, todos los autores intelectuales que permanecen prófugos. Además debe ser garantizada la reparación integral de los daños para @lydiacachosi y su familia», destacó.
El 3 de febrero, Marín Torres fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Acapulco.
Posteriormente, se le trasladó a Cancún para cumplir con una orden de aprehensión. Se presume que estaba de visita en el puerto de Acapulco y se dirigía al extranjero cuando fue detenido por las autoridades en el filtro de revisión.
Marín y sus vínculos con la tortura
Marín Torres es acusado por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, quien en 2005, expuso en su libro Los demonios del Edén que tanto Marín Torres como su ex subseretario de Seguridad Pública del mismo estado, Adolfo Karam, y el empresario textilero Kamel Nacif, eran los responsables de mantener una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.
Unos meses después de su publicación, fue detenida acusada de crimenes de “difamación y calumnias”. Este procedimiento se llevó a cabo en el estado de Quintana Roo y la llevaron desde Puebla vía terrestre.
Posteriormente, la periodista contó que en el trayecto fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaron con abusar sexualmente de ella. Además, señaló que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso.
«Durante 20 horas de camino de Cancún a Puebla, los judiciales se dedicaron a amenazarme, me torturaron de diversas formas. En cuanto llegué a Puebla, otra vez me metieron a la cárcel, tenía las advertencias de que iba a ser violada», contó.
La periodista también declaró que fue encerrada en un “calabozo inmundo”, donde le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio. No fue hasta el 17 de diciembre de ese año la periodista salió libre, luego de pagar una fianza de 70 mil pesos en efectivo.
Para el 14 de febrero de 2006, se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaron la confabulación entre ambos para la detención de Lydia. En dichas grabaciones Nacif, al inicio de la conversación, llama al priísta «héroe» y «mi gober precioso», por lo que a partir de entonces se le conoció de esa manera.
Por este crimen en abril de 2019, la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito, ordenó la aprehensión del ex gobernador así como del empresario Kamel Nacif, quien también participó en las agresiones y esta vinculado en una red de Pedofilia y tratantes de blancas.
Después se le acusó de persecución y tortura contra la periodista. Él mismo aseguró «haberle dado un coscorrón».
Un mes antes, en mayo de 2019, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que la Oficina de Policía Internacional (Interpol) giró la ficha roja contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, para que fuera buscado en más de 190 países por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
Por si fuera poco, la revista Proceso publicó un reportaje en el que señalaron al Gober Precioso es señalado de lavado de dinero y de formar parte de los 23 mexicanos a los cuales les decomisaron dinero en el Banco Privado de Andorra y que en conjunto suman 48 mil millones de pesos.
Dicha acción forma parte de investigaciones que se realizaron en contra del abogado Juan Collado, relacionado al ex presidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).
