La Secretaría de Hacienda y el INE suscribieron un convenio para combatir juntos el uso de recursos públicos en las campañas político electorales y la perpetración de delitos fiscales, anunció la oficina del secretario Herrera Gutiérrez.
El objetivo del convenio es desarrollar estrategias de capacitación que propicien el análisis, reflexión, y divulgación, tendientes a prevenir, detectar y sancionar el uso indebido de recursos públicos durante los procesos electorales, y combatir los delitos en materia fiscal y financiera.
El convenio contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, fortalecerá el trabajo de ambas instituciones en el combate a la corrupción y evitará que la delincuencia organizada se filtre en el próximo periodo electoral.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y Secretaría De Hacienda Y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración.
Este convenio tendrá por objeto desarrollar estrategias de capacitación que propicien el análisis, reflexión, y divulgación, tendientes a prevenir, detectar y sancionar el uso indebido de recursos públicos durante los procesos electorales, y combatir los delitos en materia fiscal y financiera, incluyendo, desde luego, las estrategias de identificación de empresas fantasma, factureras y esquemas de simulación como la subcontratación laboral y la evasión de impuestos.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, mencionó que a pesar de los avances que se han tenido en nuestro país para prevenir y erradicar este flagelo de la corrupción, ésta, asociada al ejercicio del poder público junto con la desigualdad y la pobreza, constituye una de las mayores promesas incumplidas de la democracia, incluida la dimensión electoral.
“Hoy nos convoca la urgencia de recrear nuestro compromiso para enfrentar la corrupción de forma decidida e inteligente y por lo tanto de manera conjunta y colaborativa en el ámbito de las responsabilidades y atribuciones de cada una de nuestras instituciones”.
Acompañado por las consejeras Adriana Favela y Carla Humphrey, así como por el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo y en presencia del procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero Aranda y el subprocurador fiscal Federal de Investigaciones de dicha Procuraduría, Josué Miguel Contreras Saldívar; Lorenzo Córdova, afirmó que los procesos electorales son nuestra prioridad, pero tenemos claro que los ciclos de la corrupción van mucho más allá de los mismos procesos electorales.
“Buscamos también fortalecer la colaboración para prevenir y combatir delitos en materia fiscal y financiera y así mismo trabajar de forma más coordinada para identificar y combatir empresas fantasmas, factureras y mecanismos de simulación de subcontratación laboral, entre otras prácticas”, añadió.
Córdova explicó que las capacidades de fiscalización del Instituto trascienden los momentos electorales y buscan procurar la rendición de cuentas en todos los momentos de la vida política de los actores, en primera instancia, los partidos políticos en nuestra sociedad y esto implica, en muchas ocasiones, que el Instituto detecta probables actos ilícitos que si bien, no son de la competencia del INE si representa un acto que debe ser combatido por otras instancias del Estado y viceversa.
“Este convenio fortalece esa lógica de funcionamiento colegiado, colectivo, o en otras palabras, contribuye a tejer de manera cada vez más fina, la red que las instituciones del Estado mexicano echamos para combatir la corrupción. El INE se ha sumado a la lucha contra la corrupción y al impulso de la rendición de cuentas”, sentenció.
Durante su intervención, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, reconoció y agradeció a las autoridades del INE por su participación en la consolidación y firma del convenio de colaboración entre el INE y la PFF, así como a todos los miembros del INE que hicieron factible la firma de éste.
“Gracias por asumir el esfuerzo que implica un cambio trascendente, comprometiéndose a compartir la experiencia adquirida en el desarrollo de las funciones encomendadas a cada una de nuestras instituciones”.
Romero Aranda señaló que los delitos fiscales y financieros se entrelazan con las conductas ilegales en los procesos electorales. “Las mismas empresas fantasma que se utilizan para vender facturas falsas se usan para corromper el debido ejercicio y destino de los recursos públicos. Así, bajo el velo corporativo de las empresas de papel, los grupos organizados pretenden disfrazar el origen de los gastos de campañas políticas, rebasar los topes establecidos en ley y emitir tarjetas de servicios para comprar la voluntad de los ciudadanos, sobre todo, la de los más marginados. Y una vez que llegan al poder buscan cobrarse las cuentas con la entrega ilegal de obras o servicios a sobreprecios obscenos. Un círculo vicioso que debe atacarse por todos ustedes.”
El procurador fiscal calificó como verdaderamente significativo que la Administración Pública Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, a través de la PFF y el órgano electoral nacional del estado mexicano, hayan unido fuerzas para retroalimentarse de manera mutua con el claro objetivo de combatir estos males.
“A quienes se creían intocables, quienes se cobijaron con componendas, complicidades y corrupción, les mandamos un mensaje: enfrentarán toda la maquinaria del estado y no encontrarán tregua, se les acabó la fiesta.”
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La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, destacó que tarea de fiscalización del origen y destino de los recursos que se utilizan en las campañas electorales sólo se pueden realizar si el INE accede a la información que le proporcionan otras instituciones del Estado mexicano, entre ellas, la Procuraduría Fiscal de la Federación.
“Máxime que uno de los mayores retos en materia de fiscalización descansa en la oportuna identificación y combate del financiamiento ilícito que pueda viciar la legitimidad de nuestros procesos electorales y, por tanto, de las autoridades que resultan electas, lo que puede manifestarse de muy distinta y variadas formas, ya sea mediante el desvío de recursos públicos con fines electorales, o bien, e financiamiento proveniente de grupos delictivos, o la triangulación de recursos que aporten entes no permitidos”.
La consejera Favela afirmó que la efectividad de estos mecanismos de prevención, sólo pueden garantizarse mediante el intercambio de información y la permanente colaboración entre autoridades, de ahí la relevancia que tiene la firma de este convenio de colaboración entre la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional Electoral, que contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.
