Tijuana, 19 de abril.- Amador Rodríguez Lozano, secretario general del Gobierno del Estado, aseguró que es legal la declaratoria de uso público del Club Campestre que realizó el Ejecutivo de Baja California, y fundamentó que ante la falta de áreas verdes y pulmones para los más un millón 200 mil ciudadanos se procedió a realizar la medida.
“Toda la parte poniente de Tijuana no tiene un lugar donde la gente pueda desarrollarse, donde la gente pueda tener acceso a la cultura, donde la gente pueda tener acceso a la recreación, el deporte, al fortalecimiento de la de la familia; son todos los elementos que se encuentran consagrados en distintos tratados internacionales en la Constitución”, argumentó.
En una conferencia de prensa, Rodríguez Lozano explicó que no es una expropiación sino una declaratoria de utilidad pública de las 52 hectáreas del predio en disputa del Club Campestre.
Una vez que fue publicada la declaratoria en el Periódico Oficial del Estado, la parte afectada tiene el derecho hasta 15 días hábiles, para acceder al expediente técnico bajo el cual se basó el estado para hacer la declaratoria de utilidad pública del Club Campestre y si no existe una acción legal, el próximo 4 de mayo iniciará la toma de posesión del inmueble.
“Ninguna persona, ni organización ha acudido a la secretaría general a analizar el expediente para encontrar razones”, dijo el secretario de Gobierno y Aseguró que la propiedad del Club Campestre estaba a nombre de tres personas, pero no detalló de quienes se trata, aunque admitió que en determinado momento, a las tres personas que acrediten la propiedad se le tendría que pagar el costo de la expropiación.
Rodríguez Lozano mencionó que al no saber dónde viven los supuestos dueños, se ha realizado el aviso a través de edictos: “estamos publicando el segundo edicto en los diarios; el segundo edicto para convocar a estas personas… a través de edictos porque no sabemos en dónde viven”.
Señaló que la ley contempla que se pague a dos años el valor del predio, que según estimaciones del gobierno estatal es de mil 230 millones de pesos.
“Lo que la ley obliga es a una indemnización que deberá pagarse dos años después que se expropie aquí… lo que nosotros hemos señalado es que de acuerdo con los análisis que hemos realizado de distintos documentos, la dirección de notarías contratos de títulos de propiedad de títulos de prescripción, registro público de la propiedad aparecen aparentemente tres posibles propietarios”.
Sobre las declaraciones de la defensa legal de Club Campestre en el sentido de que hubo un supuesto cambio de partidas registrales a nombre de un funcionario de gobierno del estado identificado como Luis Fernando Verduzco, la directora de asuntos jurídicos, Olga Ojeda, señaló que se trataba de una rectificación.
“Él es un funcionario que solicitó una verificación en el Registro Público; yo creo que no tienen manera de cómo leer bien las pantallas del registro público. Aparece que él solicita una rectificación y es una facultad del Registro Público el realizar rectificaciones a petición de partes cuando se descubren datos que no son congruentes. Luis Fernando Verduzco es un funcionario de Sidurt que en la integración del expediente técnico encontró esa discrepancia y solicitó al registro público una rectificación y no aparece como propietario” aseguró Olga Ojeda.
El representante del gobierno del estado aseguró que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la defensa legal del Club Campestre Tijuana, Adolfo Solís Farías, por las declaraciones, que consideró como calumnias que confunde a la ciudadanía.
Sobre el costo que genera el mantener las áreas verdes el Club Campestre, que aseguran los miembros de ese organismo asciende a los 60 millones de pesos, Rodríguez Lozano aseguró que se tendrá un presupuesto para ello.
ANA LILIA RAMÍREZ
Tijuana, 19 de abril.- El gobierno de Jaime Bonilla Valdez cambió las partidas registrales de los terrenos que ocupa el Club Campestre Tijuana para apropiarse de las 52 hectáreas que abarca, acusaron integrantes de la mesa directiva de la sociedad y anunciaron que se iniciará una acción legal para responder.
En conferencia de prensa en la que participó el presidente del Club Campestre, Mario Gastón Toledo, el abogado Adolfo Solís Farías, quien asumió la defensa legal ante la intención del gobierno estatal de expropiar el espacio para convertirlo en un área verde de acceso público, advirtió que no es posible hacer el cambio pues la Constitución protege la propiedad privada.
“La Constitución protege la propiedad privada; no se pueden alterar las partidas registrales, no porque seas tú el que tiene el monopolio en los sistemas institucionales no puedes cambiarlos o hacer una manipulación”, sentenció en referencia al cambio que, aseguran, se hizo en el Registro Público de la Propiedad.
El pasado 14 de abril, el gobierno estatal publicó en el Periódico Oficial del Estado una “declaratoria de Utilidad Pública” del Club Campestre Tijuana, en la que argumentó la falta de áreas verdes en la ciudad, y anunció la intención de crear ahí el Complejo Interactivo Campestre con el que se atendería en parte ese déficit.
Durante la conferencia de prensa ofrecida este lunes, el abogado Adolfo Solís aseguró que el inmueble estaba a nombre de Club Social y Deportivo Campestre A.C. y fue cambiado a favor de Luis Fernando Verduzco, un funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Territorial (Sidurt), por lo que iniciarán acciones legales en su contra, las cuales se sumarán a las que ya se emprendieron contra el gobierno del estado.
“Aquí lo que quiero decirles es que el nombre del propietario lo eliminaron; se tomó una fe de hechos de ello y las partidas registrales que acreditaban su propiedad las borraron, los oficios con los que hicieron esos cambios no están disponibles, cuando deberían de estar disponibles”, señaló.
Para llevar a cabo la expropiación es necesaria una indemnización de entre mil 500 a mil 200 millones de pesos, pero el gobierno estatal se niega a pagarlo, aseguró el abogado.
El Club Campestre Tijuana da empleo directo a 225 personas y mil de forma indirecta, aseguraron los integrantes ante medios de comunicación, y aunque aseguraron que en el futuro podrían apoyar a la ciudad con áreas verdes, no dieron ninguna fecha.
