Prisma empresarial
Crece cartera vencida en bancos * Impuesto de 15% a Multinacionales
Gerardo Flores Ledesma
ALGUIEN LE tiene que explicar al presidente López Obrador que muchas de las ideas e iniciativas que lanza corresponden a una etapa del pasado que dejó miseria, inflación y anuló con las posibilidades de crecimiento económico.
No queremos hablar ya de puntadas, sino de actos irresponsables y serios, fincadas en decisiones contraproducentes que perjudicaron el bolsillo de la mayoría de los mexicanos en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo.
Crear empresas del gobierno y querer regular precios ha tenido resultados catastróficos en el pasado, y más que ayudar a los pobres y aniquilar a supuestos monopolios o empresas predominantes o preponderantes en el mercado del gas, el gobierno actual parece añorar la década de los 70s y 80s.
Tal idea nos puede sumergir en un retroceso histórico que afectará la oferta y la demanda, los precios al consumidor, y que insulta a la libre competencia, porque el gobierno se entromete en asuntos que fueron superados hace casi 40 años, cuando también el eslogan de campaña oficial era: Primero los pobres. Entonces teníamos, incluso, a un mandatario que lloraba por los pobres.
Es plausible que el gobierno enseñar o dé una lección a las empresas gaseras, gasolineras, telefónicas, de envío de remesas, acereras, mineras, transportistas y tortilleras, entre otras muchas, para que no afecten el bolsillo de las familias mexicanas.
Es correcto que el gobierno subraye que no estará dispuesto a que se impongan precios altos a los productos que decenas de empresarios de diversos tamaños, ofertan y colocan en los hogares del país, pero lo que no procede es que el gobierno intente convertirse en el controlador de la situación o mercader del producto.
Cuando el jefe del Ejecutivo anuncia que creará una empresa para distribuir Gas Licuado de Petróleo (LP) a un precio menor del que se oferta en el mercado, viola el principio de igualdad que debe regir entre los participantes del sector energético y no resuelve el problema de fondo, porque México importa el 62% del gas que se consume en el país.
Para los empresarios de la Coparmex -a los que tanto desprecia López Obrador-, dicha medida es anticompetitiva e ineficaz para frenar el incremento de precios.
Nadie está en contra de que haya mejores servicios y mejor precio, pero crear la empresa gubernamental Gas Bienestar, incrementaría las restricciones, limitaría más la participación y operación de las gaseras en México y no ofrecería una solución real a la constante escalada de precios que se definen a nivel internacional.
México sólo produce el 38 por ciento del gas que consumimos, el resto se debe comprar en el exterior; principalmente en Estados Unidos y Canadá, y Pemex es el principal adquiriente.
Debemos puntualizar, como acertadamente opina el CEESP, que el precio del gas ha aumentado principalmente por el incremento del gas importado y por el elevado precio del crudo que se ha registrado hace meses.
El problema del sobrecosto de combustibles está ligado también a la inseguridad, el robo de gas, un mercado ilegal y la informalidad que crece aceleradamente en los últimos años. Esa tarea también es responsabilidad del gobierno y las instituciones del orden.
Ojalá no regresemos en la historia, cuando el gobierno se convirtió en generador de empresas y luego en vendedor absurdo. Recordemos que sólo en el sexenio de Ernesto Zedillo se vendieron más de mil “empresas” por obsoletas y costosas. Los gobiernos son facilitadores de negocios no creadores de ellos.
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PUNTOS Y LÍNEAS
LOS EXPERTOS financieros, con cifras en la mano, prevén un aumento de hasta 50% en la cartera vencida de los bancos que operan en México, en diversos tipos de crédito, especialmente en el otorgado a empresas, que presentan una alta demanda y en los créditos personales. El crédito de nómina se redujo sustancialmente para minimizar riesgos. Hoy la banca en general ruega porque los paquetes de estímulo que otorgaron sean efectivos y el aumento en la cartera vencida o en la morosidad no perjudique aún más la demanda en los créditos, lo que implicaría una reducción de sus ingresos… LA PRESION externa se impuso. Aunque en México se diga que no habrá más impuestos, desde el seno del G20, al que nuestro país pertenece, se aprobó un gravamen de 15% sobre los ingresos de las empresas multinacionales, que golpeará principalmente a los consorcios digitales. La medida, impulsada por Estados Unidos, tiene dos objetivos: Primero, evitar que las empresas en cuestión trasladen sus domicilios fiscales a países con baja tributación, y en segundo término aplicar más recursos y acciones en la lucha contra el cambio climático. Esta es la primera de muchas acciones que el gobierno de Biden aplicará sobre socios y aliados inscritos en organismos como el G20 para marcar tendencias en diversos aspectos de políticas públicas.
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