Prisma empresarial
La economía se desacelera, otra vez
Gerardo Flores Ledesma
OTRO FRENTE de oposición abrió el presidente López Obrador con su propuesta de reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo objetivo, en primera escena, es que no haya más aumentos en el costo de la tarifa eléctrica.
Otra vez, se desvía la atención de temas importantes como la inflación creciente, los ingresos a la baja, el presupuesto centralizado en Palacio Nacional, y las acusaciones sobre la mala actuación en materia económica, sanitaria, de seguridad y en el contexto internacional.
Pero el jefe del Ejecutivo tiene sus motivos, para eso le entregaron el poder en 2018, y no retrocederá en su intención de generar y posicionar las marcas del bienestar que serán el sello de su régimen, ya sea, gas, bancos, gasolinerías, tortillerías, aerolíneas, así como sus obras insignia por todos conocidas.
La propuesta que recibió la Cámara de Diputados el pasado jueves 1 de octubre, va más allá del fortalecimiento de la CFE y los costos de las tarifas eléctricas. La intención es más profunda, porque el presidente de la República quiere el control absoluto de los recursos que en el pasado estuvieron nacionalizados con resultados catastróficos.
Se intenta convencer a la población de que la CFE tendría con esa reforma el 54% del mercado y el otro 46% sería para las empresas particulares.
También se busca que el litio en el subsuelo sea propiedad de la nación, y con dicho elemento químico suponer que se colocará a México en una posición privilegiada en suministro de materia prima para la producción de autos eléctricos y la fabricación de acero, esmaltes y lubricantes.
El presidente anunció la anulación de todas las solicitudes de concesión para explotar litio, al que considera un mineral estratégico, en cantidades suficientes en el país para enfrentar la demanda de la industria tecnológica.
En su propuesta también subraya la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía y se dará fin a los contratos de autoabastecimiento.
Pero hay que observar la otra cara de la moneda, la de los empresarios nacionales y extranjeros, y la de muchos legisladores, que no aceptan ni quieren las modificaciones que involucran ocho artículos y cuatro transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica.
La iniciativa vaticina diferencias con Estados Unidos y Canadá, por la firma del tratado comercial y pleitos ante la afectación de inversiones.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fijó posición y condenó la iniciativa presidencial porque “lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y al medio ambiente”.
Las voces de los empresarios, que durante esta administración han clamado en el desierto, repiten conceptos como “es un golpe a las finanzas de las familias mexicanas y consumidores de electricidad”; “implica un importante costo presupuestario al subir el costo de producción y requerir fuertes inversiones del Estado para asegurar el suministro eléctrico”, y “se cancelará la posibilidad de que México contribuya a la lucha global contra el cambio climático”.
Los hombres de negocios o portafolios de dinero ya deberían saber que con AMLO no habrá marcha atrás y que ellos sólo son considerados como un grupo de poder que se aprovecha de los recursos nacionales y esquilma con quien se deja. En Palacio Nacional los consideran lambiscones en pos de más dinero.
Los argumentos sobre la nueva propuesta de AMLO y los subrayados de que “ahuyentará las inversiones” e “impedirá la reactivación de la economía”, sólo puede ser escuchada en los corrillos de Washington y Ottawa, únicos sitios desde los cuales se podría ejercer presión.
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EL CENTRO de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) difiere del optimismo gubernamental en el crecimiento de la economía y la recuperación o rebote de la misma, porque al final del segundo trimestre de este año ya se muestran signos de desaceleración.
El organismo duda que las cifras de crecimiento sean “muy elocuentes” como afirmó ante legisladores el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., quien habla de cuatro trimestres consecutivos de recuperación sostenida.
Para el CEESP el rebote de las cifras del PIB no es suficiente para recuperar su nivel prepandemia y todos los indicadores se mantienen aún por debajo de las cifras de febrero de 2020.
El rebote o recuperación de lo perdido, que no es crecimiento, muestra declive en la mayoría de los indicadores del mercado interno. Por ejemplo, el indicador global de la actividad económica (IGAE) cayó 1.1% mensualmente en junio y, si bien en julio registró un ligero repunte de 0.5%, éste resultó la mitad de lo que había anticipado el INEGI en su indicador oportuno (IOAE). Por su parte, la inversión fija bruta, a la larga el principal motor de la actividad económica, declinó 1.8% en junio. En julio los indicadores de consumo también mostraron descensos de 0.4% en las ventas al menudeo y de 0.02% en el sector servicios.
No hay crecimiento, se repite, sólo un rebote que ya alcanza menos altura y se ha tornado más pesado.
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